VIEDMA (AV).- La emisora rionegrina Canal 10 le informó al Consejo Provincial del Discapacitado que no puede poner en marcha el sistema de subtitulado para sordos por falta de presupuesto.

Así lo reconoció el titular del organismo, Juan Pablo Benito, en las Jornadas de Discapacidad, Acceso al Medicamento y Derechos Humanos realizado en esta capital.

Un asistente de El Bolsón planteó en ese marco que había enviado una nota a la teleemisora y nunca recibió una respuesta.

Ante ello, Benito dijo haber tomado debida cuenta, y luego de efectuar el reclamo, las autoridades le respondieron que era imposible aplicarlo porque resulta "muy oneroso" invertir en un mecanismo de esta naturaleza.

"El subtitulado no es tan caro y es una obligación establecida por el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer)", afirmó el experto en derechos humanos, Carlos Eroles, otro de los expositores.

Esta cuestión se convirtió en disparador sobre casos de discriminación palpables y una falta de coordinación entre las leyes y su cumplimiento.

Río Negro, tiene en vigencia desde 1997, la ley N°3.164, cuyos artículos 16 y 17 hacen referencia a que los medios audiovisuales priorizarán en las emisiones de carácter informativo, el uso de un intérprete en LSA (Lengua de Señas Argentina) a fin de que las personas sordas e hipoacúsicas tengan acceso a dicha información.

Se entienden por emisiones de carácter informativo a noticieros, flashes informativos, publicidad o propaganda institucional que se relacionen con campañas de concientización sobre temas de interés social, educativo y cultural. Asimismo, los medios televisivos podrán subtitular las emisiones de carácter informativo para contribuir a la comprensión de los mensajes por parte de las personas con discapacidades auditivas.

En el mismo sentido, Ignacio Maglio de la Fundación Huésped, hizo una síntesis de derechos poniendo énfasis

justamente en el derecho a la información y a la participación; entre otros. Insistió en que existen elementos esenciales del derecho a la salud con la accesibilidad física, económica y económica.

Esta participación sirvió para que los asistentes llegasen a la conclusión de que las legislaciones en general -que atienden a la problemática de los discapacitados- no señalan de donde hay que buscar recursos.

El cierre estuvo a cargo -además- del dirigente mutualista Rafael Montes y el neurólogo Mario Leiva.

La jornada fue seguida por numeroso público entre profesionales, personas con capacidades diferentes y sus familiares.

Junto con el temario sobre el derecho de las personas con discapacidad, se trataron aspectos relacionados con enfermedades neurológicas y su problemática de acceso a los medicamentos.

La organización corrió por cuenta del Servicio de Neurología del Hospital Zatti, Comisión Nacional de Discapacidad y la Sociedad Neurológica Argentina. La jornada fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de Río Negro, la Legislatura provincial y el Concejo Deliberante de Viedma.