NEUQUÉN (ACE).- El polémico líder de los desocupados Héctor "Zapallito" Molina y su grupo de confianza revalidó su condición de intermediario entre el gobierno y los punteros emepenistas de Centenario de la mano del ministro de Desarrollo Social, Wálter Jonsson.

A través del gremio de la Fruta en Centenario, el gobierno les dará una capacitación remunerada de 60 días y luego existe el compromiso empresario para que ingresen al mercado laboral con sueldos superiores a los 1.500 pesos, dijo Jonsson.

El ministro no se mostró preocupado por el procesamiento -por malversación de caudales públicos- que tienen varios de los desocupados que firmaron el acuerdo.

Jonsson dijo a "Río Negro" que el listado de los desocupados que serán asistidos es de 360 personas, y fue aportado por el propio "Zapallito" Molina y los otros punteros del MPN como José"Necho Monsalve", "La Gringa" Albornoz, Horacio Urbina y "la gente del Camic", encabezados por Liliana Contreras, quien afirmó que el centro funciona con militantes pagos para ir a los actos del MPN.

El centro tiene un comedor comunitario y Jonsson analiza destinarle la partida de "comedores" de la localidad a esa entidad con el argumento de que el intendente Javier Bertoldi (PJ Concertación) recibe los aportes del ministerio pero cerró los comedores.

En la reunión con los líderes de desocupados en la que se definió el "compromiso de capacitación" también estaban Esther Arroyo y Luis "El Chancho" Hernández, integrantes de la seccional del MPN, los concejales emepenistas Vicente Cónsoli, un representante del concejal David Silva, y el tesorero de la obra social de la Fruta en Neuquén y Río Negro, Juan Domingo Lescano.

Algunos detalles de la reunión fueron aportados por Jonsson, quien confirmó el acuerdo e insistió en que el martes se firmará el compromiso con los empresarios que asegurarán 250 puestos de trabajo "de este grupo" de 360, luego de que se capaciten.

La mayoría de los punteros con los que el ministro acordó la entrega de "aportes por capacitación" están procesados por la Justicia por valerse de la necesidad de "sus grupos" y obligarlos a ir a actos políticos o cortar la ruta bajo la amenaza de suspenderles los subsidios del gobierno. Y también están procesados por haberse quedado con parte de los aportes de los beneficiarios.

"Estas 360 familias fueron visitadas por asistentes sociales; inicialmente eran 450, pero se hizo un cruzamiento de datos. Son personas sin asistencia", dijo Jonsson para darle marco de legalidad al ministerio.

Sobre los antecedentes de los beneficiados, Jonsson dijo que "el ministerio tiene que llegar a atenderlos para que tengan comida. El gremio, dijo, es la "tercera pata" para "descentralizar el compromiso. Ninguno de los líderes cobra más que los otros".

SHIRLEY HERREROS