La ordenanza de parámetros urbanísticos para la Unidad Ambiental de Gestión Cerro Ventana, confeccionada a medida del emprendimiento "Dos Valles", vio la luz luego de una febril actividad parlamentaria que -paradoja mediante- signo revelador de la parálisis y el renunciamiento.

El Estado municipal declinó su rol como garante del interés común, archivó los altos objetivos de "planificación integral" reclamados desde hace años por la población (y por eso incluidos como máxima prioridad en el nuevo texto de la Carta Orgánica) y se rindió a las urgencias de una empresa que vio un negocio y fue por él, como cabe a su naturaleza.

Con una mayoría de nueve concejales sobre once, quedó sancionada una normativa que cambia la zonificación y el uso del área en cuestión, con lo cual habilita la construcción de un Club de Campo o cualquier otro enclave poblacional, con viviendas individuales, comercios y residenciales turísticos.

Como lo advirtieron los propios ediles y el intendente Marcelo Cascón (quien en una carta de última hora cuestionó el tratamiento del proyecto en esos términos), los nuevos indicadores urbanísticos multiplican en forma automática el valor de la tierra.

Un beneficio que -por supuesto- tenía en mente el propietario cuando compró la parcela "rural" ubicada entre la Ruta 40 y la estribación norte del cerro Ventana. Existe un Código Urbano que obligaba a remitir el proyecto al Consejo de Planificación, demandar los informes técnicos indispensables (en materia de suelos, vegetación, cursos de agua) y convocar a audiencia pública. Pero los concejales decidieron saltear esos pasos para no demorar una inversión indispensable para la ciudad y -según dijo uno de ellos- atender también la "emergencia habitacional", que como es sabido aqueja a todas las franjas sociales.

Las ideas fluyen con velocidad. Qué mejor entonces que sumar opiniones en favor de la urbanización de alta gama con un convenio que comprometa a la empresa a realizar obra pública en favor de los sufridos vecinos de El Pilar I y II, que tienen ubicación lindante con Dos Valles y padecen añejas postergaciones. Como la pujanza del capital privado contrasta cada vez más con un Estado que está en coma cuatro, a la mayoría le pareció bien que los dueños del futuro Club de Campo queden obligados a costear la red de gas, la infraestructura vial y el servicio de agua potable para El Pilar, además de ceder un predio de cuatro hectáreas para emplazar una planta clasificadora de residuos. Cualquier empresa está en su derecho de avanzar hasta donde la dejen. Puede pensar en comprar barato y reclamar luego un cambio de estatus urbanístico que valorice su tierra. Acudirá entonces a las acciones de "lobby", que en otras geografías están reglamentadas y que aquí asume formas de presión inverosímiles. El problema es cuando el Estado no tiene claros los límites de lo que está dispuesto a conceder ni las políticas a las que no va a renunciar. Para prevenir atropellos, los constituyentes establecieron una veda de urbanizaciones y construcciones en la Circunvalación y también suspendieron cualquier nuevo loteo en el Oeste, desde el kilómetro cero hasta Colonia Suiza. Restricciones maldecidas por los emprendedores que sólo desaparecerán cuando la ciudad disponga de su "Plan Estratégico e Integral de Desarrollo" y que no alcanzaron el área elegida por Dos Valles.

Más allá de la empeñosa velocidad para aprobar la ordenanza sin esperar los dictámenes técnicos, lo grave del caso es el mensaje que da el municipio a los particulares con poder económico: "les toca relacionarse, señores, con un Estado inerme y desarticulado que asume su condición". La transacción que permitirá mejorar la condición de vida a los vecinos de El Pilar I y II es un precedente peligroso.

Si el Estado no pudo dar respuestas allí donde viven los más pobres ¿por qué no pensar en un tributo especial a los barrios privados con aplicación directa a la construcción de infraestructura básica en los sectores más postergados de la ciudad? Sería un camino mejor que prestarse al canje y a la dádiva. La preocupación principal de los gobernantes municipales no debería concentrarse en las conveniencias sectoriales sino en la construcción de una sociedad inclusiva y equilibrada. Suena obvio, pero a la vista de lo ocurrido no lo es tanto.

DANIEL MARZAL

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