Por estos días, en San Martín de los Andes, como en otras localidades, se debaten medidas para alcanzar ese pináculo de la sanidad que son las ciudades "libres de humo". Al menos dos de los proyectos en danza, prácticamente, prohíben fumar en todos lados, salvo en la vía pública y en la vivienda propia.

Los fundamentos para la restricción al tabaco suelen hacer pie en los efectos nocivos sobre la salud, tanto en el fumador como en quien no lo es pero comparte espacio. Son los "fumadores pasivos", y buena parte de la legislación que prohíbe el cigarrillo en espacios públicos cerrados, los pone como el fin de sus desvelos. En términos más primitivos, sería algo así: "el que quiera fumar que fume en su casa, y no le jorobe la vida a los demás...".

Es un argumento legítimo, pues la salud es un bien irrenunciable tutelado por el Estado. Pero a la vez ofrece terreno fértil a otras disquisiciones, más emparentadas con la salud social, si es que esa categoría de análisis existe.

Desde los años 60 (apareció en el Reino Unido, a propósito de las políticas de vivienda) se escucha hablar de la "discriminación positiva", en referencia a acciones tendientes a reparar las injusticias cometidas contra minorías de cualquier tipo, en situación de debilidad social, política, económica, cultural... Los cupos electorales para favorecer la participación de la mujer en política pueden ser considerados "discriminación positiva", por el género en este caso.

Desde esa mirada, la discriminación positiva no puede menos que recibir elogios, pero resulta que en los corrillos académicos divide aguas. Las críticas apuntan a la misma naturaleza del problema: salvar una discriminación con otra discriminación.

El constitucionalista Kenji Yoshino, profesor de la Facultad de Derecho de Yale, en un artículo del 2006, echa alguna luz. Plantea que las formas de discriminación en la actualidad pueden ser sutiles y en el fondo procuran la "homogeneización". Se protegen rasgos inherentes a los individuos, tales como color de piel o género, pero se obliga a asimilar aspectos accesorios, que también conforman la identidad.

Así, Yoshino desecha los planteos basados en una genérica "igualdad de derechos", que desde luego es un pilar básico de los sistemas democráticos, para llamar la atención sobre la libertad de las personas a gozar de los mismos derechos, si así lo quieren. Es un argumento sinuoso, polémico, pero tan legítimo como pretender cuidar la salud de los que no fuman prohibiendo a rajatabla fumar a los que fuman.

Quizá no sea necesaria tanta restricción, sino una controlable y cumplible regulación, que disponga de lugares limitados para fumadores, por caso en restaurantes, confiterías, pubs, salones de fiesta, boliches bailables, salones de juego y sitios similares, siempre que el propietario esté dispuesto a asumir el costo (si lo hubiere) de diferenciar los espacios para unos y otros. De lo contrario, sí debería aplicarse la prohibición sobre el local del que se trate.

El caso es que esa medida ya existe en San Martín, pero jamás se ha controlado de modo cabal, por lo que resulta dudoso suponer que se cumplirá mejor aquello que constituye una radicalización de la actual normativa incumplida.

Pero en el fondo, siguiendo a Yoshino, no se trata del humo, sino de que el ciudadano elija.

FERNANDO BRAVO

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