PUERTO NUEVO, Ecuador (AP).- Rudos jóvenes descamisados atestan la zona. Hombres más viejos llevan en hombros sacos de arroz, tanques de gas propano y otros de gasolina camino abajo al río y los cargan en canoas para su distribución a lo largo de la frontera con Colombia. Los visitantes despiertan miradas recelosas. Puerto Nuevo es un pueblo de unas 1.700 personas, sin iglesia. Tampoco hay una estación de policía, ni puesto de control migratorio. Rodeado por la selva densa en un claro al sureste del pantanoso río San Miguel, Puerto Nuevo es un caserío de tránsito. Y de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A lo largo de las dos últimas décadas, las FARC ha utilizado poblados en el lado ecuatoriano de la frontera para tareas logísticas, paso y descanso, con la tácita aprobación de los gobiernos en Quito.

Ahora, cuando este refugio se ha convertido en una zona más vital que nunca para los acosados guerrilleros, el nuevo gobierno izquierdista de Ecuador asegura que está decidido a enviarlos de vuelta a su país.

El cambio de política se hizo evidente tras el 1 de marzo, cuando aviones de guerra colombianos bombardearon un campamento de las FARC del lado ecuatoriano.