Con cierta frecuencia se difunden versiones según las cuales por fin el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido alcanzar un acuerdo con el Club de París -o sea, con los países acreedores más importantes-, que poco después quedan desvirtuadas por los voceros oficiales de turno. Aunque el grueso de los economistas y empresarios saben muy bien que no le conviene en absoluto al país depender de la voluntad del venezolano Hugo Chávez de prestarle dinero a un precio exorbitante, por motivos políticos, cuando no ideológicos, el gobierno se resiste a tomar las medidas que le permitirían dejar atrás de forma definitiva el default que fue declarado, en medio de escenas de júbilo parlamentario, por el en aquel entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá en la semana final del 2001. Los obstáculos son varios. Uno consiste en que conforme a los estatutos del Club de París la Argentina necesitaría contar con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional, una institución que fue satanizada por el ex presidente Néstor Kirchner. Otro es que el gobierno no podría mantener la ficción de que no tengan derechos los llamados holdouts que se negaron a aceptar el canje que les fue propuesto en el 2005 y que por lo tanto no tenga sentido negociar con ellos.

Desgraciadamente para los Kirchner y para el país, no comparten su punto de vista los norteamericanos, europeos y japoneses que quieren que todos acaten las mismas reglas. No les interesan los planteos ideológicos de quienes se han convencido de que sería injusto que un gobierno como el actual tuviera que honrar deudas que fueron asumidas cuando estaba en el poder otro que, a pesar de ser de idéntico signo partidario, estaba comprometido con doctrinas económicas distintas. Asimismo, mientras que hace seis años muchos economistas extranjeros entendían que por motivos pragmáticos sería mejor que los acreedores aceptaran un arreglo leonino porque de lo contrario la Argentina nunca lograría levantarse del suelo, el fuerte crecimiento posibilitado por el aumento fenomenal de los precios internacionales de los commodities ha cambiado por completo la situación. Siempre y cuando el gobierno maneje la economía con sensatez, el país debería estar en condiciones de afrontar sus obligaciones financieras, incluyendo, desde luego, a las representadas por los holdouts que reclaman aproximadamente 30.000 millones de dólares.

Los que están presionando al gobierno para que haga un esfuerzo genuino por llegar a un acuerdo con el Club de París dan por descontado que en el mediano plazo los beneficios serían más que suficientes como para compensar por las eventuales dificultades ocasionadas por la necesidad de reconocer la existencia de los holdouts. Señalan que para continuar creciendo a un ritmo aceptable el país requerirá créditos con tasas de interés razonables e inversiones cuantiosas. Por lo demás, el año que viene el país enfrentará vencimientos de la deuda pública por 19.000 millones de dólares, monto que a juicio de muchos le será difícil encontrar a menos que se reconcilie antes con la comunidad financiera internacional. En cambio, el ex presidente Kirchner y sus fieles siguen oponiéndose a las medidas que exigirían los gobiernos de los países más ricos para que la Argentina se reincorpore al mundo "normal". Les parece intolerable que el FMI reanude los monitoreos anuales a los que deben someterse todos los países que lo integran, son contrarios a arreglar con los holdouts y les asusta la mera idea de dejar de falsificar las estadísticas confeccionadas por el INDEC. Tal actitud puede explicarse en términos políticos, ya que los Kirchner creen que admitir las "concesiones" que les están reclamando los países representados en el Club de París les supondría una derrota que sería por lo menos tan humillante como la que experimentaron a manos del campo, pero los costos para el país de su obstinación serán con toda seguridad elevados. El espectro de un nuevo default argentino está recorriendo el mundo. Por ahora, sólo se trata de una posibilidad lejana, pero continuará causándonos muchos problemas si el gobierno persiste en aferrarse al aislamiento porque a su entender le resultarían insoportables los costos políticos de saldar las deudas todavía impagas.