Los temas se plantearon esta semana en la Legislatura rionegrina, durante una sesión que será más recordada por lo tediosa que por lo productiva: las políticas de protección de la niñez desamparada o en riesgo y el modo en que opera el gran negocio del abastecimiento de alimentos a los programas destinados a complementar la dieta de familias pobres y de alumnos que asisten a comedores o albergues escolares en Río Negro.
Y tiene razón el ministro Alfredo Pega: pocas veces los planes sociales son noticia. Los legisladores, en general, conocen poco y mal sus detalles.
Claro que una súbita irrupción de un tema tan complejo no bastó para crear la certeza de que los niños y niñas bajo tutela del Estado rionegrino estén siendo tratados con el cariño y la contención que las normas internacionales exigen emplear.
Menos aún se puede afirmar que la decisión de adquirir alimentos secos preelaborados a una firma extraprovincial sea la adecuada a una ecuación razonable entre costo y beneficio en procura de garantizar una adecuada alimentación a familias pobres y a alumnos que concurren a comedores o albergues escolares.
En principio, cabría preguntarse si un informe parlamentario es el marco adecuado para conocer a fondo un tema. Suele suceder que cuestiones políticas nublan tanto el ambiente que hacen vana la mirada.
Durante las siete horas en que el ministro Pega habló de corrido y las otras siete en que respondió preguntas escritas -algunas abiertamente alejadas del motivo de la convocatoria-, cada una de las partes abonó su propia tesis. No hubo enriquecimiento de información y nadie cambió su postura. Tal vez la única excepción a esta afirmación sea la disposición de Pega a admitir que la atención que reciben los niños y niñas en los CAINA provinciales dista de ser la mejor y que la capacitación del recurso humano y una mayor inversión en infraestructura son esenciales para alejar al Estado de un incumplimiento grave en la materia.
" Al llevar a Pega al recinto antes de que los legisladores de la oposición pudieran abastecerse de información suficiente, el radicalismo evitó un mal mayor.
" Y, al elegir la metodología de un informe tedioso, logró imponer un ritmo capaz de cansar hasta al más interesado polemista.
Del otro lado, los aciertos del justicialismo fueron sobre todo tres:
" El primero, mostrar en vivo y en directo la comida que el Estado compra y distribuye -alimentos secos preelaborados que no responden a la costumbre alimentaria media y tienen menor valor nutritivo que los alimentos frescos-.
" El segundo, poner en evidencia que no representan un ahorro: compraron en un supermercado de Viedma el equivalente del refrigerio para toda un aula, en productos de primeras marcas, y gastaron sólo dos pesos más de lo que paga el Estado por una compra mayorista de marcas ignotas.
" El tercero, sembrar la duda sobre cómo se calcula el número de raciones y poner en el eje la escasa razonabilidad de la brecha que separa los mínimos de los máximos en el cálculo de dietas realizado por el Ministerio de Familia con miras a la próxima licitación.
Es probable que para aclarar este tipo de cosas sean necesarios muchos debates más.
Pero, antes que nada, se requiere transparentar un esquema de licitaciones que no garantiza la libre competencia, algo que sólo puede lograrse con pluralidad de oferentes, sin restricciones geográficas y sin que una descripción demasiado puntual del producto prefigure al ganador desde el pliego mismo de bases y condiciones.
En lo político, algo de insólito tuvo el jueves en la Legislatura: la presencia del gobernador de la provincia, Miguel Saiz, y de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini. Estuvieron a pocos metros uno del otro, y los dos de pésimo humor. Sus gestos captaron todas las miradas.
Saiz fue allí buscando demostrar que no está dispuesto a tolerar que se desafíe su poder. Paradójicamente, su presencia no hizo más fuerte a su gobierno ni tampoco a su persona.
A su modo, el gobernador eligió ser el antagonista -y por lo tanto, par- de Ana Piccinini, la mujer que durante muchos años fue una figura mucho más importante que él en el partido de gobierno.
Piccinini fue una "primera espada" en la defensa de todas las gestiones desde el '83 hasta que fue elegida para el cargo. Esa misma energía y verba filosa que utiliza hoy para buscar grietas en la pared del Estado la usó antes para endurecer el escudo de defensa de la muralla.
Y algo es indudable: la crítica defensora del Pueblo de hoy es una obra del propio oficialismo. La construyó Saiz, en principio, al proponerla para el cargo. Y los legisladores radicales al imponer su nombre, desoyendo el pedido de la oposición de que el control quede en manos ajenas al oficialismo.
Es bueno recordar que, en los primeros tiempos, Piccinini mostró mayor interés por detectar las fallas del Estado nacional que afectaban la vida de los ciudadanos rionegrinos. Recién luego de reclamar atención médica a afiliados del PAMI se abocó a las denuncias sobre la desatención que sufrían en Viedma y El Bolsón los afiliados al Ipross. Y la desidia, el desinterés y la descalificación que recibió de funcionarios provinciales la enojó hasta el punto de llevarla a expresar fuertes críticas. Al hacerlo, se volvió más creíble para los ciudadanos comunes, que acudieron a ella a reclamar soluciones para lo que antes lamentaban a solas. Y lo que siguió fue una espiral dinámica.
Esta semana, la presencia de uno de los accionistas de Flavors en la zona para hablar con los medios de comunicación mostró el interés de la firma en la próxima licitación de 150 millones de pesos.
Lo llamativo, en su caso, fue la poco velada amenaza de que más indagaciones a su situación financiera y jurídica podrían llevar a la firma a desplazar su actividad comercial hacia otros lugares.
Antes, los empleados de la planta de Conesa fueron personalmente a pedirle a la defensora del Pueblo que cese en lo que calificaron de campaña de desprestigio.
No es la primera vez que una amenaza de cierre es invocada por empresarios o funcionarios como razón de Estado, para volcar decisiones administrativas objetadas o sospechadas.
Durante casi una década, el gobierno encabezado por Horacio Massaccesi entregó créditos sin garantías reales a Galme Pesquera, entre otras empresas insolventes, argumentando que de lo contrario la crisis social se abatiría sobre la ciudad en perjuicio de humildes pescadores.
Lo que siguió es conocido por todos: los créditos no salvaron a Galme -porque ese dinero nunca fue destinado a mejorar sus barcos ni sus plantas en tierra-, jamás fueron devueltos, el Banco estatal quebró y los pescadores sanantonienses tuvieron que arreglarse cómo pudieron ante el cobro tarde y mal de aquello a lo que tenían derecho.
El Estado, es sabido, tiene múltiples maneras de promover actividades económicas genuinas. Pero, en materia de compras del Estado, lo único que debe hacer es garantizar efectividad y transparencia.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
