LA PAZ (AFP y AP) - El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera y presidente en ejercicio por el viaje de Evo Morales a Libia e Irán, advirtió con "usar la fuerza pública y la Justicia" en las regiones rebeldes donde se registraron brotes de violencia.
"Es un proceso de radicalización facistoide y delictiva; hay que evaluar si no estamos pasando a un nivel superior que obligue a usar la fuerza pública a la justicia, a obrar de manera más contundente frente a lo que sería ya la gestación de un grupo terrorista", consideró el mandatario.
García Linera se refería a los enfrentamientos del viernes último en la ciudad de Santa Cruz (este) donde grupos radicales afines al poderoso comité cívico-empresarial y de adeptos al gobernante izquierdista se enfrentaron con un saldo de varios contusos, según imágenes de redes privadas de televisión.
En esa región, que es la más rica de Bolivia y donde el presidente enfrenta la mayor resistencia, jóvenes opositores batallaron con piedras y palos para evitar que llegaran a la Plaza de Armas partidarios de Morales que querían festejar la convocatoria el jueves a un referendo para aprobar una nueva Carta Magna que impulsa el oficialismo y que es resistida por los opositores. "No queremos a esta raza maldita en nuestra tierra" gritaban los jóvenes autonomistas, según reseña el diario La Prensa, en una señal de que la confrontación está marcada por fuertes tintes de racismo.
Ya en noviembre de 2007, Rodolfo Stavenhagen, Relator de la ONU para los pueblos indígenas expresó su preocupación de que el conflicto político que vive actualmente Bolivia pueda dar lugar a la emergencia del racismo.
La confrontación se produce entre las ricas regiones de los llanos orientales y los valles, y las regiones pobres emplazadas en los Andes.
Otro brote de violencia política se registró en la localidad de Villamontes, en el sureste de Bolivia y cercana a la frontera con Argentina, donde también chocaron oficialistas y opositores con el telón de fondo de un reclamo por la devolución de una renta regional confiscada por el gobierno para pagar una renta de vejez pero marcada también por la pugna política.
Mientras el clima político se tensa aún más con anuncios de las cinco regiones opositoras, de las nueve del país, de tomar de manera conjunta una "fuerte decisión", el presidente boliviano viajó a Libia e Irán, naciones con las que reinició relaciones.
En este contexto es que el vicepresidente calificó de "terrible" la golpiza a "humildes ciudadanos, a jóvenes y señoras" en un hecho que dijo "avergüenza al país, a la región" y demandó una investigación de la fiscalía de la República.
Dirigentes de la oposición política a Morales acusaron al mandatario de "llamar a la guerra civil", con la convocatoria al referendo. En esa fecha, paralelamente se realizará otro referendo para definir la extensión legal de las propiedades rurales (entre 5.000 y 10.000 hectáreas), una medida que afectará principalmente a los ricos hacendados del oriente boliviano.
