HÉCTOR MAURIÑO

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os hechos aparentemente menores ocurridos esta semana, la entrega de una cantidad de subsidios a un grupo de desocupados de Centenario y el desplante de un diputado del MPN hacia un policía, encendieron una luz roja sobre el verdadero perfil de un gobierno que se presenta como alejado de los censurables mecanismos clientelistas y respetuoso de la igualdad ante la ley.

El primero de los casos se refiere a los aportes de dinero otorgados por el gobierno a dos grupos de desocupados de Centenario, liderados por Héctor "Zapallito" Molina y su ex compinche Horacio Urbina, dos punteros del aparato político clientelista montado por Jorge Sobisch que alcanzó notoriedad hace unos años con el "escándalo de los subsidios".

Molina, quien estaba a sueldo del ex ministro de Desarrollo Social Jorge Lara, fue procesado por la Justicia en el 2002 sospechado de retener una parte de los beneficios que repartía entre sus seguidores y de contribuir, junto a las autoridades municipales, a derivar parte de los fondos de la ayuda social hacia actividades irregulares. En distintas oportunidades, incluso, "Zapallito" admitió que a cambio de los subsidios participaba con su grupo de los actos y movilizaciones del MPN.

En julio pasado, el actual ministro de Desarrollo Social Wálter Jonsson denunció que Molina "quiere seguir cobrando" y advirtió que el gobierno no iba a continuar alimentando "prácticas políticas con las que es necesario romper". Pero en los últimos días terminó cediendo y, para desactivar un corte de ruta, otorgó nuevos subsidios y bolsones de alimentos tanto a la gente de Urbina como a la de "Zapallito".

El gesto, para nada inocuo, amenaza con reeditar una metodología clientelista que ha sido condenada no sólo en la provincia sino en todo el país, porque además de no solucionar el problema de la pobreza -por el contrario, lo hace crónico- desencadena un mecanismo cuasimafioso, conectado con un estilo de hacer política que la sociedad quiere desterrar.

Para justificarse, Jonsson aclaró que la medida cuenta con el respaldo de Sapag, aunque admitió que mereció algunos cuestionamientos en el propio gabinete.

Muy cerca del gobernador se explicó que existen 6 ó 7mil personas que dependen de la ayuda provincial o nacional y que la política oficial busca desactivar las contraprestaciones e introducir la capacitación, precisamente para romper con los planes de empleo y transformar la dádiva en trabajo genuino.

Se dijo también que tanto Molina como otros líderes de desocupados, procesados por malversación de caudales públicos, se arrogan la representación de mucha gente necesitada a la que es preciso socorrer y que el ministro "no puede echarlos". No obstante, se subrayó que el objetivo "no es captar voluntades políticas sino solucionar un grave cuadro social".

Con todo lo problemático que puede resultar desmontar un sistema tan nocivo como el de los subsidios, no se puede dejar de señalar que, al acordar con individuos como "Zapallito" Molina, el gobierno termina por dar aire a prácticas que en su afán por manipular la pobreza en beneficio de mezquinos intereses políticos, lindan directamente con el delito.

El escándalo de los subsidios, sus vinculaciones con la municipalidad y con el gobierno de Jorge Sobisch, contribuyeron a socavar el predicamento del MPN en Centenario y terminaron por voltear al intendente Castillo, allanando el camino a la derrota del partido provincial en las últimas elecciones. Lo primero que hizo Javier Bertoldi, el nuevo intendente surgido de la Concertación, fue desprenderse del ejército de punteros y traficantes de la pobreza heredado de su antecesor. Un verdadero nido de corrupción que había sido instalado en el seno del municipio.

La decisión adoptada por Jonsson es lo suficientemente grave como para haber provocado una diferencia de criterios en el seno del gabinete entre los que piensan que lo actuado es inevitable y aquellos que lo ven como una medida que aleja al gobierno de su promesa de transparentar la ayuda social. Lo cierto es que aunque existiera la mejor de las intenciones por parte del gobierno, lo menos que puede decirse de este asunto es que se trata de un grueso error político.

El caso del diputado "petrolero" Juan Gómez es otra muestra de que un hecho aparentemente trivial como un incidente de tránsito puede convertirse en trascendente por su capacidad para revelar rasgos ocultos de ciertos representantes del poder.

Al estilo del célebre personaje interpretado por Peter Sellers en "Doctor Insólito", que a duras penas podía controlar su mano derecha para que no hiciera el saludo nazi, el desplante patoteril desplegado por Gómez desnuda una forma de pensar.

El diputado surgido del gremio petrolero que regentea Guillermo "Caballo" Pereyra fue detenido a bordo de una camioneta, acusado de manejar mientras hablaba por un celular. Según explicó luego el propio jefe de la Policía, Juan Carlos Lepén, el legislador, que tampoco llevaba los papeles en regla, se trenzó en una discusión con el oficial que lo detuvo, tratando de hacer valer sus fueros para que no se le labrara ninguna infracción. Pero no logró su cometido y terminó atropellando al uniformado. El episodio despertó un gran revuelo porque según testigos se acercaron al lugar varios jefes policiales empeñados en restablecer el orden y la maltrecha dignidad de su subordinado y no pocos dirigentes políticos convocados telefónicamente por Gómez.

Pero el diputado emepenista interpretó las cosas de otra forma: sostuvo que sufrió "abusos y agresiones" por parte de la policía. Inclusive su jefe, Pereyra, salió a defenderlo argumentando que había sido objeto de una supuesta "cama" por parte de la policía.

En realidad, tanto Pereyra como las autoridades del bloque del MPN y aún el propio Sapag -que se limitó a recitar que todos somos iguales ante la ley- se perdieron la oportunidad de pedirle a su compañero de partido que renunciara a su banca por el bochornoso suceso que lo dejó pintado como un energúmeno. En este esquema de valores invertido con que se manejan muchos dirigentes del oficialismo, los funcionarios en lugar de dar el ejemplo pretenden gozar de indemnidades que los demás mortales no sueñan. Ciertas conductas, por triviales que parezcan, hablan a las claras de una ideología.