La tasa de mortalidad infantil (cantidad de niños muertos antes de cumplir un año de vida, cada mil nacidos vivos) es parte de un conjunto de indicadores de salud materno infanto juvenil que, en palabras del presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, reflejan la magnitud de la exclusión en el acceso al derecho a la salud en sentido amplio para una importante proporción de niñas, niños y adolescentes argentinos.

La idea de acceso a la salud implica tanto la existencia misma de los servicios sanitarios, como la posibilidad real de utilizarlos y la calidad de los mismos. Pero va más allá todavía: la educación, la vivienda, la alimentación, las pautas o hábitos culturales se vinculan directamente con la posibilidad de acceder, comprender y utilizar la oferta del sistema sanitario, pero también con la posibilidad de evitar la exposición a riesgos diversos y la capacidad para desarrollar autocuidado y protección para el grupo familiar y social.

En cualquier caso, a las cifras de mortalidad infantil siempre conviene ponerlas en su contexto y analizarlas en función de todo el "paquete" de indicadores disponibles. Ello excede, claro, los formatos y los tiempos de la noticia periodística y el discurso político.

Entre otros reparos a la hora de leer una cifra, deben considerarse la disponibilidad de los datos y la calidad de su recolección y análisis. Y (desde lo ocurrido en el INDEC, más claramente que nunca) la intencionalidad o consecuencias políticas de la misma.

Por ejemplo, mientras nos congratulamos por varios años sucesivos de descenso marcado de mortalidad infantil en el promedio nacional, la mayor parte de esas muertes sigue siendo reducible o evitable con una adecuada respuesta del sistema de salud, y la mortalidad materna (la cantidad de mujeres muertas durante el embarazo o hasta 42 días después de la terminación del mismo debida a cualquier causa relacionada con el embarazo, cada 10.000 nacidos vivos) se mantiene en valores inaceptablemente altos.

Por otra parte, las cifras promedio, para el país o para una provincia, son sólo una ficción: esconden los extremos reales. Así, en el 2006 mientras la Argentina informaba un promedio de 12,9%, la provincia de Formosa triplicaba los valores de la Capital Federal, cercanos entonces al 8%. Y lo mismo sucede al interior de cada provincia y de cada municipio entre sus barrios. De hecho, con valores de mortalidad infantil menores al 20%, toma cada vez más relevancia su significación como indicador de inequidad social y sanitaria, por sobre el de indicador de la situación socioeconómica.

Es muy tentador para un funcionario de Salud asignarle a su gestión la reducción de la mortalidad infantil, así como es casi inevitable que le achaque a los factores "sociales" fuera de su control el incremento de la misma.

Sin embargo, las cosas no parecen ser tan simples. Y el futuro no parece ser muy promisorio.

Pasaremos revista a algunos hechos.

En primer lugar, aunque el invierno haya sido frío y la pobreza persista, el sistema de servicios de salud todavía debe dar muchas explicaciones. Diversas publicaciones señalan las deficiencias en la atención de las embarazadas (su captación precoz, y la calidad y cantidad de los controles realizados), los problemas en la calidad de atención del parto, del puerperio y los problemas del acceso a prácticas de salud sexual y reproductiva (el 30% de las muertes maternas son consecuencias de abortos). Desde hace varios años se viene señalando la necesidad de desarrollar estrategias de intervención distintas aunque complementarias del tradicional monitoreo de las tasas de mortalidad infantil, focalizando la vigilancia sobre la atención de los casos de muertes infantiles registradas (análisis de cada caso) y de evaluación y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud materno infantil.

Entre las dificultades reportadas para ello se consignan: las dificultades del sistema de salud para vincularse con los hogares (las familias) fuera del ámbito institucional, así como para el desarrollo de programas sistemáticos y ordenados de mejoramiento para la resolución de problemas y la calidad, por ejemplo.

Probablemente en un año más tengamos indicios firmes para suponer que el frío en el 2007 se cobró vidas de más. Pero lo que hoy sabemos también es que más de 560.000 hogares en la Argentina no cuentan con agua potable en su interior y que 800.000 tienen inodoros con arrastre a balde o letrinas, y que unos 600.000 se encuentran ubicados hasta a 300 metros de un basural. La promesa de los Planes Federales de vivienda no se ha cumplido.

En el plano nacional, en el momento de escribir estas líneas salen a la luz denuncias sobre maniobras millonarias con fondos del Plan Nacer, un programa con financiamiento del Banco Mundial destinado, justamente, a la salud materno-infantil. La primera consecuencia será, seguramente, su paralización.

Finalmente, días atrás la ministra de Salud de la Nación, al hablar sobre el aumento de la mortalidad infantil en el 2007, explicó que el rechazo en el Senado de la iniciativa del Ejecutivo respecto de las retenciones móviles a la producción agrícola tendrá sus consecuencias sobre este tema. Aparentemente el mejor plan con el que contaba el gobierno nacional era disponer de los fondos para construir los famosos hospitales y centros de salud anunciados como parte del programa de redistribución social al cual iba a aplicarse una parte de lo recaudado (un plan que en realidad nunca fue conocido en detalles, más allá de su anuncio a la prensa). No contando con esos dineros, y siempre de acuerdo con declaraciones que se le atribuyen a la Lic. Ocaña, como consecuencia del voto no afirmativo del vicepresidente "lo que se iba a ser en dos años se hará en el mediano o largo plazo, en vez de una solución más rápida vamos a tener una solución más lenta". Como para que vayamos aprendiendo.

JAVIER O. VILOSIO (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Médico. Ex secretario de Salud de la provincia de Río Negro