El 19 de setiembre de 1958, hace ya medio siglo, unas 300.000 personas, en su mayoría estudiantes, se juntaron en la plaza del Congreso para gritarles a los diputados de la mayoría frondizista su rechazo al proyecto oficial que abría las puertas de la enseñanza universitaria a la Iglesia Católica y a cualquier empresa privada que quisiera probar fortuna en el sector.

Quienes gritaban -tanto en la movilización porteña, la más grande, como en otras grandes ciudades del país en las que había universidades nacionales (Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata, Tucumán)- eran los herederos de la Reforma Universitaria de 1918, un movimiento de los estudiantes argentinos que, iniciado en Córdoba, recorrió toda América Latina.

En el "Manifiesto Liminar", dirigido entonces por la Federación Universitaria de Córdoba a los "hombres libres de Sudamérica", decían aquellos estudiantes en huelga -y que días antes habían ocupado las aulas-: "Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. "Pocas veces se escribieron palabras tan bellas, que resuenan hoy con los mismos ecos de antes: los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana".

En uno de sus párrafos más contundentes, el Manifiesto se refería a una asamblea de profesores que debía elegir rector en los siguientes términos: "El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos de amorales deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector exploraban ... Los más, en nombre del sentimiento religioso y bajo la advocación de la Compañía de Jesús, exhortaban a la traición y al pronunciamiento subalterno". Y decían: "Curiosa religión que enseña a menospreciar el honor y a deprimir la personalidad. Religión para vencidos o para esclavos".

De aquel movimiento surgió la universidad estatal libre, democrática, laica, puesta al servicio de la ciencia y la cultura, autónoma, gobernada por profesores, estudiantes y graduados, y atacada por todas las dictaduras.

Tras el derrocamiento de Perón, cuyos gobiernos habían arrasado con las conquistas de la Reforma de 1918, los reformistas ocuparon las aulas universitarias y lograron, en Buenos Aires, que el rector-interventor de la Universidad de Buenos Aires fuera uno de los suyos, José Luis Romero.

Pero la Iglesia no se quedó quieta y obtuvo que le fuera devuelto el Ministerio de Educación con la designación de Atilio Dell Oro Maini. De la mano de este ministro salió el decreto "libertador" 6.403 de 1955, que en su artículo 28 disponía que "la iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes...". Y a la vez que en nombre de la libertad se otorgaba esa autorización, con el objeto de "desperonizar" al país se prohibía a profesores peronistas el ejercicio de la docencia. (La universidad "libre" que entonces, de hecho, existía, era la católica).

Los estudiantes reaccionaron con protestas que se extendieron por todo el país, pero el movimiento se aquietó tiempo después con la renuncia de Dell Oro Maini.

El decreto, sin embargo, continuó vigente. Y la "patria eclesial" retomó la iniciativa cuando el presidente Frondizi envió al Congreso un proyecto de ley que reglamentaba el artículo 28. El movimiento estudiantil volvió a las calles y las movilizaciones llegaron a su clímax con el acto en la plaza del Congreso. Antes, en un acto masivo realizado en la Facultad de Ciencias Exactas, el rector de la UBA, Risieri Frondizi, había dicho que "el presidente (Frondizi, hermano suyo) tiene la conciencia moral de vacaciones". Pero la ley "Domingorena" -así llamada porque fue ése el diputado frondizista a cargo del informe de comisión que recomendaba la aprobación- logró el respaldo del Congreso.

Y como si con eso no alcanzara, todo mejoró después para las privadas. Con la dictadura de Juan Carlos Onganía, poco después del golpe de Estado del 28 de junio de 1966 y como para demostrar que el dictador era también un hombre de la Iglesia, estudiantes y profesores fueron desalojados a palos de la Facultad de Ciencias Exactas (en lo que se llamó "La noche de los bastones largos").

En la década del '90 Carlos Menem incluyó a las "libres" en su afán privatizador. Su decreto 2.330/93 reglamentó la ley 17.604, de Onganía, de organización de las universidades privadas. El decreto desreguló su actividad, liberó a sus egresados de rendir pruebas de capacitación y las eximió de pagar impuestos y tasas.

A pesar de todo, al cabo de medio siglo de presupuestos exiguos, persecuciones, exilio y muerte de estudiantes y docentes, y con las excepciones que confirman la regla, las universidades nacionales autónomas y democráticas siguen siendo el ámbito más propicio para el acceso libre al conocimiento.

JORGE GADANO

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