NEUQUÉN (AN/ACE).- El jefe del gabinete interdisciplinario del Poder Judicial, Raúl Ignacio López Proumen, no declaró ayer en el Juzgado Federal, donde se lo indagó por el falso testimonio en el que habría incurrido cuando declaró como testigo en el juicio contra los militares de la región acusados de delitos de lesa humanidad.

López Proumen fue detenido por el Tribunal Oral Federal luego de que sus declaraciones en la fiscalía y en la audiencia del lunes fueran aparentemente contradictorias. El miércoles fue excarcelado y ayer se presentó con su abogado, Marcelo Inaudi, pero se negó a declarar ante el juez de instrucción Guillermo Labate por el presunto falso testimonio; en tanto Labate deberá definir su situación procesal en los próximos 10 días.

Durante el juicio reveló que en 1976 ó 1977 atendió a una embarazada de cinco meses en el centro clandestino, pero no fue imputado por eso, sino porque en la misma declaración se desdijo de lo que habría afirmado antes: que vio al personal del departamento de inteligencia (la mayoría de los cuales están como acusados en este juicio) asistir al lugar de torturas. Durante la audiencia del lunes, López Proumen resultó reticente y ambiguo en algunas respuestas sobre quiénes iban al centro clandestino de detención que funcionaba en el batallón neuquino en 1976, cuando ejercía en el batallón como teniente médico.

Dijo que en una oportunidad -en una fecha indeterminada- fue al centro clandestino por indicación de alguien que no recordó quién era, revisó a una embarazada de unos cinco meses que estaba en una silla y con una venda en los ojos, y determinó ante la consulta de un carcelero que no recordó quien era, que la mujer no estaba con trabajo de parto.

Estas revelaciones, además del pedido de falso testimonio, derivaron en un pedido del gremio Sejun de que el perito judicial sea suspendido, sumariado y exonerado del Poder Judicial donde interviene como especialista en todos los conflictos de minoridad y familia. El gremio sostiene que el psiquiatra ocultó información a la Justicia y lo presume partícipe del accionar represivo, o al menos "intenta procurar impunidad" a los acusados.