En la catarata de disparates que se escuchan en torno del affaire Aerolíneas, no existe el menor atisbo o pensamiento conducente a poner en blanco sobre negro la real situación patrimonial de la compañía.

Se dice sin rigor que el patrimonio neto de la empresa es positivo o negativo sin conocer realmente cómo se integra el mismo, sin haber realizado un inventario y menos aun sin conocer los pasivos ocultos.

Se afirma alegremente que hay que expropiar la empresa o comprarla por un valor irrisorio, sin tener en cuenta cuál es el costo que ello implica para el Estado y sin conocer fehacientemente si existen pasivos contingentes. Tampoco nadie conoce cuáles podrían ser los nuevos endeudamientos, habida cuenta del alto nivel de litigiosidad que enfrenta la compañía tanto aquí como en el exterior.

Se coloca en un pie de igualdad el tratamiento de Austral y de Aerolíneas cuando nadie puede determinar si se trata de casos análogos, a pesar de que son sociedades diferentes, con estados contables y patrimoniales diferentes dentro de un mismo grupo.

Nadie en el Congreso pudo establecer que la crisis de Aerolíneas no es un hecho aislado sino la consecuencia de una política aerocomercial que llevó a la quiebra a todo el sector de no ser por los subsidios estatales. De hecho, ningún legislador inquirió al secretario de Transporte para saber por qué razón durante su gestión seis empresas fueron a la quiebra, en su mayoría sospechadas de operaciones irregulares.

Sin embargo, el escándalo rodea al caso Aerolíneas, que amenaza con convertirse en uno de los más perjudiciales de todos los tiempos. Basta con recordar que con las cifras preliminares que se manejan, el caso Aerolíneas se lleva a pérdida más plata que la que insumió el escándalo del Ente Autárquico Mundial '78, sólo por mencionar un emblema de la crónica ineficiencia y la corrupción en la Argentina que no hace distingos entre democracia en emergencia y regímenes totalitarios.

Pero si el caso Aerolíneas es de una gravedad notoria, no resulta menor la importancia que habría que asignarle al notable grado de aislamiento internacional en el que se encuentra el país.

El durísimo discurso del embajador de los Estados Unidos, Anthony Wayne, señalando la preocupación de su gobierno, por el alarmante aumento del tráfico y consumo de alcaloides en el país, pone de manera indeleble el calificativo de país sumamente inseguro para un ambiente de negocios.

El categórico informe del Banco Central de España en el que ubica a la Argentina en una situación de inseguridad y peligrosidad para las colocaciones de ultramar, pone al descubierto la debilidad de la administración a la hora de atraer nuevas inversiones.

Si algo le faltaba a este diagnóstico de aislamiento, lo completó el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Thomas Shannon, cuando dejó en claro que, más allá del próximo cambio de gobierno, la política exterior respecto de América Latina será la misma y la Casa Blanca continuará llevando adelante sus acuerdos de libre comercio y quien quiera subirse a la locomotora de Washington que lo haga y quien no, permanecerá aislado.

El NAFTA resultó con monumentales beneficios para México y Ottawa. Santiago va en la misma vía. Panamá, Lima, Bogotá y San José esperan la ratificación del Congreso norteamericano. Montevideo y Asunción esbozaron la misma intención y avanzan en ese sentido. Brasilia aguarda negociar mano a mano desde una posición de mayor fortaleza. La administración Kirchner lo rechaza y se alinea con Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa y los Castro. ¿Será otra oportunidad perdida? ¿Una nueva frustración? Mientras tanto, la inflación generada por la ineficiencia oficial sigue horadando el bolsillo de la sociedad y aumentando los niveles de pobreza y de marginalidad, un ambiente apto para que germine aún más el crimen.

MIGUEL ÁNGEL ROUCO

DYN