La jueza electoral María Romilda Servini de Cubría procesó a 20 personas que habían sido designadas autoridades de mesa en las últimas elecciones presidenciales y faltaron sin justificación, delito que según el Código Nacional Electoral prevé una pena de prisión de seis meses a dos años.

Al mismo tiempo, otras 716 personas están siendo investigadas.

El fiscal electoral Jorge Di Lello, quien lleva adelante 500 de las investigaciones, aclaró que "la idea de perseguir a los ausentes es curativa y no sancionatoria, más allá de que se traduzca en sanciones".

Di Lello se mostró a favor de que el sistema electoral

sea actualizado. "En otras épocas, ser designado autoridad de mesa era un honor y las ausencias realmente eran excepciones. Ahora el fenómeno tomó una relevancia tal que activa la maquinaria judicial y pone en evidencia que el sistema es vetusto".

La pena prevista por el Código Electoral para los ausentes que no puedan justificar su inasistencia es grave: prisión de seis meses a dos años. Hasta ahora, Servini jamás la aplicó y casi no hay antecedente de condenas en el país, pero la situación podría cambiar a partir de ahora.