La ex directora general adjunta de Control Comunal del Gobierno porteño Ana María Fernández aseguró que en diciembre de 2004, cuando ocurrió el incendio en Cromañón, hacia cuatro meses que había sido desplazada a cumplir "funciones menores" por su superiora Fabiana Fizsbin.

Al declarar en la tercera jornada del juicio por la tragedia que dejó 194 muertos, Fernández agregó que hasta junio de ese año, Cromañón no había sido inspeccionado porque ante una intimación de su dependencia, el boliche envió los certificados de habilitación y de bomberos vigentes y que entonces se dio prioridad a locales que no habían respondido.

La ex funcionaria habló casi una hora y media sin parar, mientras dibujaba cuadros comparativos sobre un papel colocado en un atril y mostraba documentos, algunos a través de un proyector y otros pegados en grandes cartones, para que todos los vieran.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal 24, Fernández se encargó de aclarar que entre enero y agosto de 2004 estuvo a cargo de la Unidad Polivante de Inspecciones (UPI) y que luego esa dependencia fue disuelta. "Voy a mostrar cómo algunos funcionarios omitieron informar al juzgado mis funciones y probaré todos y cada uno de los deberes administrativos que tenía y que no dejé de cumplir", remarcó la abogada, de 43 años y pelo corto ensortijado.

Al respecto, explicó que la UPI debía controlar 200.000 locales para lo cual contaba, en enero de 2004, con sólo 12 inspectores que llegaron a 76 en junio, cuando el entonces secretario de Seguridad y Justicia, Juan Carlos López, les otorgó poder de policía. Agregó que su dependencia "carecía de presupuesto y de sistema informático" para cumplir con sus tareas. Y apuntando a su ex superiora Fiszbin, recordó que el 1 de abril de 2004, le envió una nota en la que le advirtió que a partir de las denuncias recibidas sobre posibles infracciones en los locales, el organismo a su cargo "respondía sólo al 30 por ciento de lo demandado". "Nos encontrábamos ante limitaciones para el control porque también nos asignaron verificar los partidos de fútbol y los recitales, tareas de las que debía hacerse cargo otra dependencia", remarcó.

Sobre las denuncias contra locales clase C formuladas por el entonces defensor adjunto del Pueblo, Atilio Alimena, dijo que recibió un listado de 160 boliches a los que intimó para que notificaran su situación. "Contestaron 53, entre ellos Cromañón, que en junio de 2004 presentó la habilitación de local clase C y la certificación de bomberos vigente", recordó, tras lo cual explicó que entonces se le dio prioridad de inspección a los locales que no habían respondido nada.

"La UPI desplegó una ardua tarea para responder al reclamo de Alimena, pero ¿por dónde había que empezar a inspeccionar? ¿por los que habían presentado (los certificados) o por los que no?", se preguntó. Como síntesis, la ex funcionaria dijo que de los 160 locales se relevó el 72 por ciento y se informó de todo a Fiszbin con la entrega de una planilla que, según Fernández, su superiora dijo desconocer cuando declaró en la instrucción de la causa.

Fernández contó que en el segundo semestre de 2004, a raíz de ese informe, se creó el Centro de Emergencia en la Vía Pública (CEVIP) por la falta de recursos de la UPI y ella pasó a cumplir "funciones menores" hasta que fue echada del cargo en febrero de 2005, tras la tragedia del 30 de diciembre.

Fuente: Télam