La obligación de rendir cuentas es un elemento esencial de todo mandato, sea éste comercial, gremial, político o de otra naturaleza.
En el caso de los funcionarios públicos, esta obligación -si bien resulta en teoría ineludible en un Estado verdaderamente republicano y democrático- suele quedar atrapada en la maraña de reglamentaciones difusas, burocráticas, leves o decididamente contradictorias.
Esta circunstancia no debería asombrar a nadie, puesto que quienes dictan tales reglamentaciones -legisladores o funcionarios del Poder Ejecutivo- son con frecuencia pasibles de verse obligados a cumplirlas, y éste es un elemento que suele desalentar el rigor normativo.
Aun así, y aun en Río Negro, hay cosas que asombran: la relación contractual que el Estado provincial ha mantenido hasta ahora con la droguería Gavazza SRL sólo se ve superada por la -más añeja- sustentada con la proveedora de alimentos secos Masily SA y su continuadora y/o socia Flavors y Cía. SA.
Resulta llamativo que dos empresas tan objetadas desde el punto de vista administrativo como de la calidad del producto permanezcan a través de los años en un lugar preferencial como proveedoras del Estado rionegrino sin que ningún organismo las haya controlado, inhabilitado o investigado presuntas conexiones intraestatales.
En lugar de eso, hay funcionarios del gobierno que parecen cerrar filas con ambas para enfrentar y responder cualquier crítica, sea que provenga de la sociedad o de la oposición política. Más que mandatarios para la defensa de la legalidad y los intereses del conjunto parecen asesores de imagen de contratistas o proveedoras.
El caso de la droguería Gavazza es sin duda el más sensible, porque está unido a uno de los episodios más dolorosos ocurridos en establecimientos de salud de la provincia: la muerte en el 2004 de la viedmense Verónica Díaz y las graves consecuencias sufridas por otras jóvenes mujeres embarazadas tras inyectárseles en hospitales públicos Yectafer adulterado.
La causa que debe dirimir las responsabilidades penales de los titulares de la droguería y de funcionarios rionegrinos en ese caso todavía sigue pendiente en el fuero Federal, en Buenos Aires. No obstante, la empresa fue rehabilitada rápidamente como proveedora del Estado y adjudicada de nuevas licitaciones de los medicamentos más caros que adquieren tanto Salud Pública como la obra social Ipross.
Después de eso, hace un año, la misma proveedora resultó sospechada por el faltante de medicamentos oncológicos, ya que se advirtió que varias partidas -si bien figuraban como recibidas- no formaban parte del stock disponible en los depósitos del organismo.
Más recientemente, troqueles falsificados fueron detectados en la facturación que esa empresa entregó a la obra social Ipross, lo que dio lugar a una investigación administrativa que podría derivar en una segunda denuncia penal contra la firma.
El hecho de que quien bregó -como abogada de la droguería Gavazza- para que la causa penal por el Yectafer fuera derivada a la Justicia Federal sea una ex funcionaria de Educación y esposa del ex ministro, ex diputado nacional, ex legislador provincial y actual concejal de Río Colorado, el radical Oscar Machado, es un dato que poco significa.
Mucho más elocuente es advertir que, en todas y cada una de las acciones que le han sido objetadas a Gavazza SRL, la mirada lleva de un modo necesario a la estructura del Estado provincial: a quien dispuso la compra, quien asignó la licitación, quien firmó el remito de entrega, quien debió supervisar el stock de medicamentos, quien supervisó los troqueles...
Algo similar puede decirse de las objeciones que ha merecido la provisión de alimentos preelaborados por parte de Masily y su continuadora y/o socia Flavors y Cía. SA.
Ya no se trata de las quejas de alumnos y docentes referidas a un gusto desagradable de los alimentos, o a su incongruencia con la cultura alimentaria de nuestras familias rionegrinas. Tampoco a la eventual presencia de gorgojos, trozos de plástico, metal o cartón en alguno de los productos horneados.
Más notable -desde el punto de vista de las responsabilidades de quienes deben administrar el dinero público- es la aparente confusión contractual entre una Sociedad Anónima y una Unión Transitoria de Empresas, la disparidad entre el escaso capital social de la SA y los millonarios contratos que asumió con el Estado rionegrino, la ligazón de amistad entre su representante y hombres del equipo de gobierno, y la eventual falsedad de las referencias extraprovinciales brindadas con carácter de declaración jurada.
La vinculación de Flavors y Masily con el grupo Matas -y de éste con la red empresarial que lidera Raúl Moneta, y que fue investigada por el quebranto del Banco Mendoza-, resulta sólo un contexto en el análisis.
Grave, sí, es que haya pasado inadvertido para la Secretaría de Trabajo provincial que los empleados de la planta de Conesa fueran víctimas de un fraude laboral perpetrado por una Cooperativa Agrícola Colonia Barraquero, que llegó a tener 17.000 empleados en rubros tan disímiles como explotaciones rurales, comercios, industrias y medios de comunicación en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Río Negro, entre otras. Recién cuando el Inaes la sancionó retirándole la autorización para funcionar, la provincia de Río Negro le aplicó una multa, y logró que los trabajadores fueran registrados por la titular del emprendimiento económico.
No menos llamativo es que la provincia utilizara un mecanismo promocional de exención impositiva -destinado a incentivar a empresas vulnerables o innovadoras- para beneficiar a Flavors eximiéndola de pagar casi 4 millones de pesos en dos años.
Ante esta situación, los funcionarios apuran sólo una ofensiva verbal contra la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, como si lo que califican como una "traición" fuera más importante que la salud y la nutrición de los rionegrinos, o la necesaria transparencia en el manejo de las cuentas públicas.
Una terminología insultante y altiva que a nadie convence, y que deja a sus autores todavía más en la mira de todos.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
