El juez penal de Viedma Pedro Funes negó haber recibido en su despacho al gerente de la empresa Flavors SA, Luis Rastrilla, quien observó el allanamiento y secuestro de elementos que el magistrado efectuó el 1 de agosto en la planta de Conesa.

La aclaración surgió después de versiones periodísticas que motivaron un pedido de informes del bloque del PJ al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Balladini, para que detalle las motivaciones de las visitas recibidas por el magistrado en el marco de la polémica causa iniciada tras una denuncia de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

Según informó ayer la agencia ADN, Funes ratificó haberse entrevistado desde entonces con los legisladores radicales Adriana Gutiérrez, Adrián Torres y Patricia Ranea, con el ministro de Familia, Alfredo Pega, y con la defensora del Pueblo.

Funes detalló esos encuentros en una nota a Balladini, especificando que "en los pocos minutos" que duró la audiencia con los legisladores, "estas personas me hicieron saber su interés por conocer la veracidad de la información periodística referida a una denuncia efectuada por la defensora del Pueblo".

Comentó que "respondí que, efectivamente, existía una denuncia y que no podía brindar información al respecto. Finalmente, la entrevista derivó en que la preocupación o interés de los legisladores podría canalizarse por los órganos de control e investigación con que cuenta la provincia".

Al día siguiente de la reunión con los legisladores, Funes se entrevistó con Pega, quien expresó -según el magistrado- que ponía a disposición del Juzgado toda la documentación que pudiera estar en su ministerio.