Para alivio del gobierno, la Cámara de Diputados aprobó una versión modificada del proyecto para que sean reestatizadas Aerolíneas Argentinas y Austral, pero puede que pronto tenga motivos para lamentar la decisión de encargarse de dichas empresas. Aunque la idea original era intentar sanearlas para después privatizarlas, ahorrándose así los costos políticos que con toda seguridad seguirían produciendo empresas que se han hecho notorias por sus deficiencias, la resistencia de los legisladores a permitir que el Estado las venda significa de que de ahora en adelante el gobierno de turno será responsable del manejo de dos empresas sumamente problemáticas en una etapa, que amenaza con prolongarse, en que las líneas aéreas se enfrentarán con grandes dificultades. Todos los expertos en la materia prevén que en los años próximos algunas empresas célebres caerán en bancarrota debido al costo muy alto del petróleo y a la intensidad de la competencia en un período de vacas flacas. Conforme a la lógica comercial, a menos que se sometan a reformas radicales, Aerolíneas y Austral estarían entre las primeras víctimas de la depuración brutal que se avecina, pero la razón principal por su renacionalización consiste precisamente en la negativa de los sindicatos del sector a permitir que se reduzca la cantidad de empleados o que se cambien las condiciones de trabajo. Así las cosas, no es necesario ser un agorero para prever que el rescate de las empresas costará muchísimo dinero que, desde luego, tendrá que ser aportado por los contribuyentes.

Además de tener una administración pésima y sufrir un grado de conflictividad laboral aún peor que el que tantos perjuicios ha ocasionado a Alitalia -otra empresa que sin la ayuda del Estado se hundiría irremediablemente-, Aerolíneas y Austral alquilan flotas de aviones vetustos que incluyen una veintena de McDonnell Douglas MD-82 del tipo que, el miércoles pasado, se destruyó al intentar despegar en el aeropuerto de Barajas, en el que murieron 153 personas. Según se informa, algunos aviones alquilados ni siquiera están en condiciones de volar y los restantes son considerados tan precarios que varios pilotos se niegan a arriesgarse volándolos. Antes del accidente, Spanair -la empresa dueña del avión que estalló y causó un desastre horroroso- tenía menos problemas que Aerolíneas y Austral, de suerte que los nuevos administradores tendrán que tomar muchas precauciones, e invertir mucho dinero, porque de lo contrario catástrofes similares podrían ocurrir aquí. ¿Serán capaces de hacerlo? Puesto que el Estado no pudo cumplir con el deber de controlar Aerolíneas y Austral mientras estaban en manos del grupo español Marsans, hay que dudarlo.

Mientras tanto, el gobierno tendrá que enfrentar las dificultades surgidas de la decisión de Diputados de desconocer el acta firmada por el Estado y Marsans, según la cual si existen discrepancias entre sus tasaciones respectivas del valor de Aerolíneas y Austral, y de sus deudas que según parece se aproximan a 900 millones de dólares, la palabra final la tendrá un organismo imparcial, o sea, internacional. Huelga decir que la negativa a respetar lo ya firmado tendrá consecuencias legales. También podría provocar un nuevo enfrentamiento entre nuestro gobierno y el español: aunque sea mala la relación con Marsans del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, esto no quiere decir que desistirá de defender los intereses de los empresarios de su país.

Es indiscutible que la Argentina necesita contar con servicios aéreos internos más eficaces que los actuales y sería muy bueno que tuviera por lo menos una empresa en condiciones de suministrar servicios internacionales como en el pasado, pero mucho tendrá que cambiar antes de que Aerolíneas y Austral se pongan a la altura de las expectativas de los muchos que apoyan la renacionalización por razones ideológicas o meramente emotivas. Sin embargo, a juzgar por su conducta reciente, sería inútil esperar que los sindicatos del sector colaboren con un esfuerzo auténtico por transformarlas en empresas económicamente viables que sean capaces de brindar los servicios que todos desean. Las perspectivas frente a estas "joyas de la corona" recuperadas por "el pueblo", pues, distan de ser promisorias. Convendría que nuestros dirigentes lo entendieran.