VIEDMA (AV).- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, elevó su apuesta y agregó material probatorio para ampliar sus denuncias en contra de la firma que provee de alimentos preelaborados al Estado rionegrino. Ayer presentó un escrito ante la fiscal Daniela Zágari, quien lleva adelante la investigación acerca de las firmas Flavors y Cía SA, Masily y la UTE que conforman, en el cual manifestó la necesidad de separar las pruebas relativas a la calidad de los alimentos de las irregularidades en las conductas jurídicas presuntamente cometidas por la empresa.
Además, pidió a la fiscal poner la mirada sobre "la presunta facilitación o colaboración (connivencia) en los procesos irregulares de licitación por parte de las autoridades provinciales, su adjudicación y/o prórrogas".
En la denuncia de nuevos hechos, con el acompañamiento probatorio y aporte de datos, la defensora indicó que "lo que en un principio aparentaba ser una posible defraudación al Estado provincial por parte de las empresas involucradas, los avances de la investigación administrativa permiten suponer que también habría otras figuras penales en danza".
Frente a esto pidió a la fiscal que se requieran los expedientes de las licitaciones del Ministerio de la Familia en relación a la provisión de alimentos preelaborados, enumeró un listado de posibles testigos relacionados con la calidad de los alimentos, adjuntó resoluciones de la Secretaría de Trabajo de la provincia, aportó testimonios recogidos sobre la solvencia financiera de la empresa, datos del Veraz, resoluciones del INAES e informes de otros organismos.
En la nota Piccinini agrega un escrito en el que un apoderado de Masily solicita se autorice a esa empresa a ser proveedora de la Provincia de Río Negro, pudiendo participar en licitaciones públicas por sí o a través de alguna UTE. Ese pedido de Masily figura en el expediente de su concurso de acreedores y fue elevado al síndico el 31 de julio de este año.
Ayer, la ampliación de la denuncia -que está en manos del juez Pedro Funes- fue presentada ante la fiscal Zágari, a quien la defensora le pidió que encuadre legalmente los nuevos hechos.
Por otro lado, los legisladores del Bloque de la Concertación avalaron el jueves la decisión del ministro de Familia, Alfredo Pega de asistir al recinto la semana próxima.
Los diputados son los mismos que días atrás consideraron inconveniente que Piccinini -quien realizó serias denuncias que involucran al área que conduce Pega y a la empresa Flavors- presentara verbalmente sus acusaciones en ese ámbito. Ahora, en cambio, calificaron como "muy positivo" el pedido del ministro de asistir al recinto.
Aseguraron que "hay muchas cosas que decir y explicar" y señalaron que "se trata de clarificar algunos programas que fueron mal informados, o descalificados con alguna intencionalidad", indicaron con clara alusión a las denuncias de Piccinini.
En la próxima reunión de Labor Parlamentaria, prevista para el lunes a las 18, se dará debate a la solicitud del ministro para brindar un informe en la próxima sesión.
Pega expresó al vicegobernador Bautista Mendioroz su intención de brindar un informe que "tenga que ver con las denuncias de la defensora del Pueblo y con cualquier otro aspecto que sea de interés de los señores legisladores referidos a los programas sociales desarrollados por su cartera". Además el ministro manifestó que no le satisfizo la reunión en la comisión de Asuntos Sociales por no estar todos los legisladores.
