BUENOS AIRES (DyN).- La Fiscalía de Rosario debe abrir la investigación para esclarecer el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, luego de haber estado secuestrado 372 días por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Así se desprende de la resolución de la Justicia federal de Rosario, que puso fin a un intento de un fiscal para frenar la decisión de su superior, el fiscal General Claudio Palacín, que promueve la investigación de ese homicidio por considerarlo de "lesa humanidad".
Según precisaron a DyN fuentes judiciales, el juez federal Marcelo Martín Bailaque resolvió rechazar un planteo de nulidad que buscaba frenar la apertura de la causa, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si el crimen de Larrabure fue o no de lesa humanidad.
El magistrado sólo otorgó un aval tácito a la decisión del Ministerio Público para que un fiscal abra una causa e investigue el crimen del ex militar, en el marco de una interna dentro de la propia Procuración. Precisamente, el abogado de Larrabure hijo, Javier Vigo Leguizamón, aseguró a DyN que con esta decisión "fracasó la estrategia diseñada por el Procurador General Esteban Righi para anular el dictamen" de Palacín que impulsaba la apertura de la causa y "prohibirle a los fiscales investigar los crímenes de la guerrilla como de lesa humanidad".
El 10 de agosto de 1974, el coronel Argentino del Valle Larrabure, de 42 años, fue secuestrado durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba, por militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo llevaron a una "cárcel del pueblo" en Rosario.
Después de 372 días de cautiverio, el cadáver de Larrabure apareció el 23 de agosto de 1975 con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según describió su hijo Arturo Larrabure.
La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González, pero en febrero de 2007 Arturo Larrabure reclamó que el caso fuese considerado de lesa humanidad porque, a su criterio, el homicidio fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por organizaciones terroristas.
El planteo, además, exponía que en mayo de 1973 el Poder Legislativo amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal y la legislación antiterrorista y dejó en libertad a varios de los que luego secuestraron a Larrabure, en el marco de otros crímenes y tomas de cuarteles. También se advirtió la corresponsabilidad del Poder Ejecutivo, a cargo entonces de Héctor Cámpora, que indultó a los guerrilleros, y del Poder Judicial, que en el período l973-1976 no dictó condenas por esos hechos, dice el planteo.
Lo cierto es que los fiscales Francisco Sosa y Adriana Saccone dijeron que la víctima no murió en manos de organismos estatales o paraestatales y por eso, al no ser crimen de lesa humanidad, era un delito prescripto.
Sin embargo, el fiscal general Palacín estableció que el caso debía avanzar: advirtió que las agrupaciones guerrilleras y, en particular el ERP-PRT, era una "organización revolucionaria" y que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvieron lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic" (referida al líder serbio), en donde "todo individuo indefenso, independientemente de su estado formal como miembro de una fuerza armada, debe considerarse civil".
Junto a la fiscal Saccone, el fiscal Moisés Vásquez pidió la nulidad de ese dictamen por entender que era la Cámara Federal quien debía habilitar la apertura o no de la pesquisa.
Y fue así como en el marco de ese conflicto, ahora el juez Bailaque entendió que no correspondía anular el dictamen que avalaba la apertura de la causa, porque cumplía con todos los procedimientos.
