VIEDMA (AV)- Varios locales nocturnos de Viedma tienen capacidad para 500 personas pero ingresan 3.000, y funcionan con un inodoro; según el secretario de Gobierno, Darío Berardi. Esta situación fue reconocida ante miembros de centros de estudiantes secundarios, oportunidad en que se produjeron algunos cruces polémicos en torno al control que debe ejercer el Estado.
Los jóvenes le preguntaron cuál era la solución por este tipo de irregularidades a los que el funcionario les respondió que "esa es una cuestión nuestra" advirtiendo que "tampoco pasa por cerrar boliches" aunque "sabemos que hay empresarios que hacen cualquier cosa por vender bebidas a cualquier precio".
Este intercambio de opiniones se produjo en el transcurso de una reunión destinada a acordar la participación de los centros de estudiantes en sesiones del Concejo con el propósito de discutir un nuevo proyecto de ordenanza del funcionamiento de este tipo de locales.
Uno de los voceros juveniles le planteó que la violencia nocturna no se termina con una ordenanza y que resulta necesario "legitimar" otros niveles éticos y morales de la sociedad, a lo que Berardi, si bien coincidió con el planteo "debemos empezar por algo" en relación a la norma.
Los jóvenes también observaron que anticipar el horario de cierre produciría una mayor convulsión callejera, y en ese sentido, la edil Laura Ramos (Concertación) les respondió que "existe claridad sobre que las normas no cambian las conductas, sino que pretendemos bajar el nivel de riesgo".
El contrapunto tuvo por escenario el CEM 18, cuyos alumnos tomaron la iniciativa de agitar como cuestión prioritaria la violencia nocturna, luego de que fue asesinado el joven Atahualpa Martínez, un adolescente que concurría a ese establecimiento.
A la reunión asistieron representantes de los colegios Vecchi, Industrial, Pablo VI y de la agrotécnica ESFA.
La reunión sirvió para que los asistentes, acompañados por directivos del CEM 18 y de las redes barriales, pudieran intercambiar experiencias de lo que acontece en cada salida nocturna durante los fines de semana.
Uno de los interrogantes que salió a la luz fue qué hacer cuando la policía les pide documentos, por lo tanto coincidieron en que se debe planificar cómo actuar a partir de los derechos que tienen como ciudadanos. "A veces, los policías nos miran como si todos los que salimos fueran sospechosos", se quejó uno de los muchachos.
Los representantes comunitarios aprovecharon el momento para refrescarles como resguardo que el Ministerio de la Familia tiene a disposición un operador comunitaria con guardia permanente por si alguno de los menores es llevado a una dependencia policial. Todos tenían claro que un menor no puede estar un calabozo y que la Policía tiene la obligación de convocar de inmediato a los padres.
