VIEDMA (AV).- Los jueces del Superior Tribunal de Justicia tienen un sueldo neto superior a los 23.500 pesos.

Los magistrados tendrán próximamente un aumento del 10 por ciento, por lo cual el haber en el STJ se aproximará a los 26.000 pesos en bolsillo.

En cambio, el reciente decreto N° 624 fija una remuneración para el gobernador Miguel Saiz de 7.013 pesos, que se traduce en algo más de 6.200 pesos netos. El primer mandatario percibe casi un cuarto de la asignación que se imponen los jueces del máximo tribunal judicial.

El presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz, registra una remuneración media entre ambos Poderes: el doble del Ejecutivo y la mitad de los jueces. Su dieta ronda los 12.000 pesos.

En la Justicia siempre se justifican que los restantes Poderes complementan ese monto de recibo con "gastos de representación" para el gobernador o "fondos reservados" para la Legislatura. Tan real como que los miembros del STJ igual tienen reconocimientos ajenos al desembolso remunerativo, como la residencia oficial y diferentes gastos anexos.

En el último Boletín Oficial, como lo hace anualmente, el juez Luis Lutz publicó su declaración jurada, manteniendo esta actitud insólita entre los funcionarios. El magistrado justifica esa difusión voluntaria en la ley de Etica Pública, aunque sus pares del STJ no tienen iguales criterios, incluso el Tribunal de Cuentas -quien recepciona las distintas declaraciones juradas- tiene un análisis más restrictivo. No facilita esa documentación al entender que la misma sólo está destinada a un requerimiento judicial.

La declaración jurada de Lutz permite precisar montos salariales en el STJ. Por caso, el juez consigna en mayo un ingreso neto de 23.572 pesos, con un bruto de 25.345,09 pesos y descuentos por 1.573,09 pesos.

Los otros vocales del STJ -el actual presidente, Alberto Balladini y Víctor Sodero Nievas- acceden también a remuneraciones de 23.000 a 24.000 pesos netos, con ciertas oscilaciones mensuales. La Procuradora General, Liliana Piccinini tendría una

remuneración de casi 19.000 pesos mensuales.

La Justicia abonará próximamente a los jueces un incremento pendiente del 10 por ciento -que ya aplicó en abril al resto del personal- y la brecha salarial se profundizará. El gremio judicial permanentemente resalta esta situación interna. Un haber mínimo para un ingresante en ese Poder ronda los 1.700 pesos.

En su información, Lutz detalla activos, como dos vehículos -Astra y Corsa- por 75.090 pesos, y cuatro inmuebles por 164.700 pesos. El juez declaró algo más de 306 mil pesos "sujetos a impuesto".

La ley 3.550 de Etica de la Función Pública fue sancionada en setiembre de 2001, con publicación en octubre del mismo año. Los autores del proyecto fueron los ex legisladores Guillermo Grosvald, Eduardo Chironi y Carlos González.

Lutz fundamenta la difusión de sus activos en el artículo 17 de esa norma. El mismo expresa que los funcionarios "podrán voluntariamente publicar sus remuneraciones y su declaración jurada patrimonial en el Boletín Oficial".

El objetivo de la "ley de Etica e Idoneidad de la Función Pública" se orienta a "establecer pautas

para el desempeño de cargos en el Estado, teniendo por objeto el resguardo de la calidad institucional de los tres poderes y el derecho a la información ciudadana, respecto de las condiciones de idoneidad de acceso a la función pública, de la publicidad de los actos y del desempeño ético de todos aquéllos que presten servicios remunerados o no remunerados en el sector público".