Tras casi 13 horas de debate, la Cámara de Diputados dio esta madrugada media sanción por 167 votos a 79 al proyecto de ley que autoriza la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, y determina que el Congreso deberá respaldar el valor de las acciones de ambas firmas. La oposición expresó su categórico rechazo al proyecto, al que calificó de "mamarracho", y se negó a convalidar el vaciamiento y el "paquete" de rescate que incluye activos pero también pasivos, cercanos a 900 millones de dólares.

Para lograr su objetivo político, el gobierno dio amplias concesiones y retocó el proyecto original. La principal fue eliminar el acta acuerdo que suscribió el polémico secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el grupo español Marsans, controlante de las aerolíneas. Esa acta acuerdo establecía todo un procedimiento de negociación para que el Estado adquiriera ambas compañías. El oficialismo no sólo resolvió desconocer el acta acuerdo, sino

que introdujo nuevas pautas para el rescate: en primer lugar, ratifica que será el Congreso el que deberá aprobar el precio de adquisición de las acciones. Además, incluye una nueva fórmula de tasación de las empresas, distinta de la concebida por Jaime y Marsans.

Otro cambio fue la prohibición del Estado a ceder la mayoría accionaria de las aerolíneas. Esto significa que el Estado podrá incorporar capitales privados en las compañías, pero no podrán poseer más del 50% de las acciones.

El oficialismo confiaba en tener el números suficiente para aprobar la iniciativa, tras los cambios incorporados a la versión original, para ello y como consecuencia de ello había conseguido el respaldo de varios de los legisladores de origen peronista que habían votado contra el proyecto de retenciones, como la salteña Zulema Daher o el cordobés Arturo Heredia y de bloques opositores como el Espacio SI de los ex aristas. También, del flamante bloque Consenso Federal de los cobistas liderados por el bonaerense Daniel Katz, quien justificó su voto en los cambios al proyecto original.

Mientras se desarrollaba el debate, trabajadores, dirigentes de los cinco gremios aeronáuticos, la CGT y la CTA, se concentraron frente al Congreso en apoyo a la sanción del proyecto impulsado por el Ejecutivo.

El centro de las críticas, del debate, fueron en especial para el grupo español Marsans, acusado del vaciamiento de las empresas, y el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien mereció pedido de renuncia de parte de los bloques opositores, y no tuvo casi defensa de parte de los oficialistas.

La presidenta de la comisión de Transportes, Beatriz Daher (FPV- Salta), destacó que la re-estatización "es una política de Estado a fin de resguardar no solamente los 9 mil puestos de trabajo" sino también "garantizar la integridad regional, el tráfico turístico" y, "sobre todo el bienestar del país".

Para defender uno de los dictámenes alternativos de la minoría que proponen el rechazo explícito del acta-acuerdo firmado el mes pasado por el Poder Ejecutivo y Marsans, el radical Alejandro Nieva (UCR- Jujuy) dijo que el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, "nos trajo un presente griego".

La socialista Laura Sesma, cuyo bloque firmó un dictamen de minoría diferente al suscripto por la Coalición Cívica, la UCR y el PRO, y que plantea la expropiación de la empresa, precisó compartir con el oficialismo "que este debe ser un servicio garantizado por el Estado". Pero explicó que su "preocupación"" es ser "co- responsables de aprobar una ley que deje vigente un acta acuerdo que no podemos convalidar, porque es absolutamente beneficiosa para el grupo Marsans".

El presidente de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto (FPV- Santa Fe), destacó desde el oficialismo que la "necesidad de continuidad en el funcionamiento de estas empresas implica que no queden ciudades sin este servicio esencial" en el que entre ambas tienen "el 80 por ciento de los vuelos de cabotaje", recordó.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, insistió en que el proyecto que impulsa el FPV omite pero "no se pronuncia" sobre el acta- y consideró que "el no pronunciamiento es convalidación". Si bien el diputado dijo estar de acuerdo en que el Estado asuma el control de AA y Austral para mantener sus operaciones, personal y rutas, opinó: "No creemos que haya que convalidar una deuda fraudulenta de Marsans amparada por un comportamiento delictivo y de connivencia de Jaime".

Del PRO, Esteban Bullrich coincidió en que "el proyecto se queda a mitad de camino" y alertó que "sentarse frente a Marsans sin establecer un valor cierto de la empresa y sin ninguna alternativa es regalar la negociación". "Nos están vendiendo un buzón marca cañón", graficó el diputado y no dudó en sostener que Jaime debe renunciar.

(Redacción Central/DyN)