NEUQUÉN (ACE/AN).- El teniente coronel (r) Oscar Lorenzo Reinhold y el mayor (r) Luis Alberto Farías Barrera, fueron las caras visibles de la feroz represión en el Alto Valle, cuya modalidad comenzó a ser develada ayer en el primer juicio oral y público contra ocho militares acusados por su actuación durante la dictadura militar.

El juicio comenzó a tiempo, con mucho nerviosismo de las partes y con el encuentro -separados por un blíndex- de víctimas de la represión y de acusados de delitos de lesa humanidad entre 1976 -1977 en la región. La jornada fue agotadora. Mientras en el interior de la sala se escucharon los hechos por los que se acusó a cada uno de los imputados, en el exterior del edificio del Tribunal Oral Federal no cesaron los cánticos y los bombos en contra de los represores.

El médico militar acusado de supervisar la tortura en el centro clandestino "La Escuelita", Hilarión de la Pas Sosa, se sentó pegado al Blíndex. Fue el más cercano a los rostros crispados de los militantes de HIJOS y de algunos docentes del público que les enrostraron "la masacre de nuestros padres". Todo en los minutos previos al inicio del debate.

Al lado de Sosa se sentó el general de Brigada (r) Enrique Braulio Olea, que en 1976 era el jefe del batallón 181 de Neuquén, donde funcionó el centro clandestino. Le siguió en la misma hilera Francisco Julio Oviedo, integrante del equipo de inteligencia al igual que Jorge Molina Ezcurra, que se sentó a su lado.

Quien fuera el jefe de Inteligencia del Comando, el teniente coronel (r) Oscar Lorenzo Reinhold, buscó la silla más cercana a la pared y de menor exposición; atrás de Sergio Adolfo San Martín, también integrante del grupo de inteligencia del destacamento 182 y del jefe de Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera.

En el otro extremo de la hilera de ocho imputados se sentó quien fuera el jefe del destacamento de inteligencia 182 -al mando operativo del centro clandestino- el teniente coronel (r) Mario Gómez Arena. Durante tres horas por la mañana y otras tres por la tarde, los militares acusados de delitos de lesa humanidad escucharon las acusaciones en su contra por los secuestros, torturas, privaciones ilegales de la libertad de 16 víctimas y la desaparición forzada de Oscar Ragni.

En la lectura de los hechos, quedó claro que Reinhold y Farías Barrera eran quienes recibían a los familiares de las víctimas, en algunos casos llevaban a los detenidos al centro clandestino, o los recibían en el Comando tras la tortura.

Farías Barrera incluso consultó con su abogado, el defensor oficial Eduardo Peralta, cuando se leyó el testimonio de la docente que trabajó Planicie Banderita en 1976, quien en el centro clandestino y tras haber padecido dos feroces interrogatorios a los golpes y con aplicación de picana eléctrica "reconoció la voz del Jefe de Personal del Comando de VI Brigada, mayor Luis Alberto Farías Barrera; quien le comunicó que sus familiares estaban preguntando por ella". Acto seguido describió que "luego de escuchar una máquina de escribir" le comunicaron que "iban a reparar el error", y fue entonces que Farías Barrera le entregó una "constancia firmada" que consignó que había estado detenida "por averiguación de antecedentes" a modo de justificación laboral para su regreso a la escuela.

Irónicamente a la maestra le endilgaban tener en su armario escolar "bibliografía censurada", y de un allanamiento en su casa el grupo de tareas le sacó una "Biblia Latinoamericana", similar a la que el Tribunal Oral Federal tenía en el banco por ahora ausente de los testigos, para que declaren decir verdad todos los que comenzarán a declarar el 25 de agosto.

Al minucioso detalle de los secuestros y torturas padecidas por las 17 víctimas hecho por la fiscalía de instrucción a cargo de José Darquier y Cristina Beute, le siguió la acusación y el planteo de la APDH como querellante, que centró la acusación en demostrar la participación de los procesados en el "plan sistemático" instaurado por la dictadura militar que asumió en 1976.

Plantearon que "La Escuelita" en los fondos del batallón 181 fue "el infierno clandestino" planteado en el esquema de la represión nacional como el lugar de "eliminación física y clandestina" de aquellos opositores a la dictadura en el Alto Valle

Indicaron que la práctica de la desaparición forzada, como ocurrió con Ragni, fue una caracterización del "genocidio" implantado en el país y que para el cumplimiento del esquema se requería de la actuación especializada del personal de inteligencia para cumplir con el esquema fijado en los manales militares.

Se planteó entonces el rol central de Gómez Arenas como el responsable del Centro clandestino y de Molina Ezcurra, Oviedo y San Martín (sus subordinados en el destacamento de inteligencia) como el personal especializado en la interrogación bajo tormentos "en la búsqueda de información de la subversión".

Independientemente del rol de cada uno de ellos, como el de Sosa como médico encargado de supervisar la resistencia de las víctimas durante los interrogatorios bajo tormentos, la APDH rescató como prueba el testimonio comprometedor del fotógrafo (fallecido), Miguel Suñer, que retrataba a los secuestrados en los fondos del Batallón.

Finalmente el Ceprodh insistió en que todos los elementos hallados en la causa involucraban a los responsables como perpetradores de delitos constitutivos de genocidio y que debían haber sido llevados a juicio todos los represores involucrados en la causa -no solamente 8- por las casi 90 denuncias, y no por las 17 que ayer comenzaron a ser debatidas.