NEUQUÉN (AN).- Si finalmente se aprueba la ley provincial que considera como enfermedades a los trastornos de la alimentación y la obesidad, desde la Asociación de Lucha contra la Obesidad (ALCO) aseguran que son 149 las enfermedades que se podrían prever y que no insumirían altos costos a las obras sociales y a la salud pública. Lo afirman desde el convencimiento de que la norma, que estaba lista para ser votada en junio, no se trata en el recinto por objeciones presupuestarias.
Hoy, la diputada Yenny Fonfach (UCR) pedirá que el proyecto de adhesión a la ley nacional de obesidad sancionada recientemente sea tratado en la próxima sesión de la Legislatura.
"La ley va a ayudar a prevenir 149 enfermedades", afirma Julia Mamaní, presidenta de ALCO Plottier. Por eso no comprende las demoras en su tratamiento en la Legislatura. "¿Por qué no se aprueba?, será porque se tiene que destinar presupuesto", pregunta la titular de la asociación, que al igual que otros sectores vinculados a la discusión, interpreta que la principal traba esla presupuestaria. Los nuevos gastos de los que habla Mamaní, tanto para el Estado -debería garantizar los tratamientos contra la obesidad en los hospitales públicos- como para las obras sociales -incluido el Instituto de ISSN- surgirían de, por ejemplo, campañas de concientización o de la compra de camillas especiales para pacientes de más de 130 kilos. Actualmente, sólo una clínica privada de la capital provincial las posee.
Desde el consejo de administración del ISSN, Patricia Quilapán (representante por los gremios) reconoció que considerar como una enfermedad a la obesidad y a la bulimia y la anorexia -las otras dos patas de la ley- implicarán un incremento de los costos médicos inmediatos, pero al igual que la gente de ALCO, asegura que a futuro será un ahorro. Consultados, los representantes por el oficialismo y el administrador de la obra social estatal, Marcelo Berenguer, optaron por no opinar del tema.
El proyecto de la ley de obesidad provincial fue el único que, habiendo logrado el apoyo unánime en la comisión legislativa que se ocupada de analizarlo antes de darle traslado al recinto, fue devuelto a la comisión a pedido expreso del MPN, que reclamó dividirlo en dos iniciativas: una para obesidad y otra para bulimia y anorexia. Trascendió que la pausa en el tratamiento de la ley tuvo origen también en los costos que implicaría considerar la obesidad como enfermedad, al menos en los casos en los que la única solución es la intervención quirúrgica.
