El ex presidente Fernando De la Rúa dijo ayer que es "inocente" ante los camaristas que deben definir si confirman o revocan su procesamiento como supuesto "máximo responsable" por el pago de sobornos a senadores para la aprobación de la reforma laboral en abril del 2000.
De la Rúa concurrió a los tribunales federales de Comodoro Py acompañado por uno de sus abogados, Miguel Ángel Almeyra, para cumplir con la audiencia que él había solicitado e informar ante los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah el por qué deben sobreseerlo.
El ex presidente fue procesado por el juez de primera instancia Daniel Rafecas en febrero de este año como presunto coautor del delito de "cohecho activo agravado" y sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 500.000 pesos.
Para esa decisión, Rafecas dio por probada la versión del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto sobre una supuesta reunión que habría tenido lugar en el despacho presidencial, con De la Rúa presente, en la que se habría acordado el pago de los sobornos. Apenas se firmó esa sentencia, De la Rúa dijo a los medios que el juez fue "arbitrario", hizo una "manipulación" de las pruebas y tuvo "un fin político", mientras que reprochó por la credibilidad que se le dio a Pontaquarto y recordó que la propia Cámara Federal en un fallo anterior había dicho que la reunión en la Casa de Gobierno no estaba acreditada.
Ayer, al mejorar los fundamentos de la apelación que había presentado poco después del procesamiento, De la Rúa atacó duramente la decisión de Rafecas ante los camaristas, en los tribunales de Retiro.
"En una primera resolución, sostuvo que no estaba probada esa reunión en Casa de Gobierno, pero después, sobre la base del mismo relato de Pontaquarto y un reconocimiento que hizo en Casa Rosada, sostuvo que sí estaba probada y procesó al ex presidente", se quejó el abogado Almeyra, en diálogo con DyN.
Durante la audiencia, que duró algo más de una hora, el abogado también fundamentó las razones por las cuales pidió que De la Rúa sea sobreseído definitivamente en la causa por los sobornos en el Senado.
Si bien procesalmente la Cámara tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse, fuentes judiciales dijeron a esta agencia que es virtualmente imposible, en una causa tan compleja, pronunciarse en corto tiempo.
En ese sentido, consideraron que la Cámara podría expedirse sobre la situación del ex presidente en setiembre próximo. A fines del 2003 el ex secretario parlamentario Pontaquarto reveló haber retirado de la SIDE unos 5 millones de dólares para que un grupo de senadores votara el proyecto de reforma laboral que impulsaba el gobierno de la Alianza. Aquellas declaraciones -hechas en una revista y luego detalladas en sede judicial- llevaron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral a procesar a De Santibañes, a los senadores Emilio Cantarero y José Genoud y al propio Pontaquarto por supuesto delito de cohecho. Pero los camaristas Martín Irurzún y Horacio Vigliani condicionaron la confesión del arrepentido porque había cobrado dinero por parte de la revista y criticaron al magistrado por no tener evidencias suficientes para llegar a los procesamientos, que -por ello- fueron dejados sin efecto.
