VIEDMA (AV).- En la causa por el pago de más a un estudio de abogados de Viedma, cuya elevación a juicio se ha solicitado, está también pendiente el juicio político contra el Fiscal de Estado, Alberto Carosio.

En el marco de esta investigación, el funcionario provincial fue citado por el juez penal subrogante Alejandro Moldes para que declarara en calidad de indagado, pero este pedido fue pasado a archivo desde las comisiones de la Legislatura. Por los fueros que protegen a Carosio en su calidad de fiscal de Estado, fue necesario el envío a consideración de los diputados provinciales. No obstante hace unos meses, los legisladores del bloque justicialista plantearon el juicio político contra el funcionario por esta misma causa del pago superior a lo que correspondía al abogado Juan José Zalesky de Viedma. La solicitud de los diputados justicialistas ya estaría en condiciones de iniciar la tramitación al ser fijado el mecanismo del juicio político tras la derogación de la norma anterior en el marco del digesto jurídico.

En el pedido de elevación a juicio presentado por el fiscal Ricardo Falca al juez Moldes se señaló que de las constancias surge que el Fiscal de Estado, al dirigirse a la Junta de Disciplina donde se tramitó el sumario administrativo correspondiente, destacó que el estudio jurídico de Zalesky realizó devoluciones y que constató saldos a favor del Estado provincial.

Falca agregó que también fue comprobado que la provincia inició acción legal contra ese estudio por el pago de 1.250.751 pesos resultante de la auditoría realizada por la Fiscalía de Estado en relación a los montos pagados por Río Negro en los juicios entablados por las leyes 2.990 y 2.502.

Otra de las pruebas calificadas de importante en esta investigación es el resultado de la auditoría contable realizada en la Fiscalía de Estado sobre las liquidaciones practicadas en los juicios por la aplicación de esas leyes. Ese informe contable concluyó en que existían diferencias entre los montos resultantes de los convenios firmados con otros estudios jurídicos y el de Zalesky.

Se subrayó que esas diferencias se advertían no solamente en los montos del capital sino también en los honorarios, destacando que el estudio de Zalesky le adeudaba a la provincia alrededor de dos millones de pesos -1.944.000 en concepto de capital y 182.000 de honorarios, devolviendo Zalesky 560.933 pesos y quedando un saldo deudor de 1.566.700-.