NEUQUÉN (AN).- La Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura recibió a referentes del gobierno provincial y del Ejecutivo y Legislativo de Neuquén capital, en la primera de una serie de reuniones con las que se espera, antes de fin de mes, sancionar la emergencia habitacional en toda la provincia.
No obstante, según indicó la diputada del MPN y presidenta de la comisión legislativa, Graciela Castañón, es probable que el plazo para sacar la ley, comprometido para el 27 de agosto, se extienda hasta septiembre. En la Legislatura hay dos proyectos, uno de los diputados Paula Sánchez (Libres del Sur) y Rodolfo Canini (Une) y otro de una asociación de vecinos.
El ministro Gobierno, Jorge Tobares, destacó que la emergencia tiene el aval del Ejecutivo, pero que "hay que definir su alcance, es central". "Informamos sobre lo que estamos haciendo y del estado de avance de la regularización de las tomas, los loteos sociales y la urbanización de la zona del Z1, de Cuencas XV y XVI y la implementación del registro único".
"Tenemos un relevamiento de 32 tomas, es un trabajo que está en un 50% de ejecución. El tema de regularizarlas, por ejemplo, la idea es ubicarlas en las tierras fiscales más próximas para garantizar el arraigo", destacó el ministro. Respecto de la asignación de fondos, un reclamo de muchos sectores al gobierno provincial, Tobares dijo que "toda declaración o ley, si no tiene una partida presupuestaria que permita la ejecución, en definitiva es una mera expresión de deseo. Así que tiene que haber una asignación presupuestaria"
"No disponer de todos los fondos que se necesitan, que comprometió Nación y no envió, no es motivo para no empezar a trabajar el tema", destacó la diputada Castañón, que detalló otras aristas para abordar: "el recupero, el registro único y la escrituración", indicó. También se refirió a la posibilidad de trabajar sobre "los propietarios de terrenos que especulan financieramente", de quienes aseguró "tienen que tener impuestos altísimos para que construyan o los vendan las tierras". Además, aclaró que se evalúa pedir una prórroga para llevar la discusión al recinto, "para que salga una herramienta que permita dar soluciones".
El subsecretario de Vivienda de la provincia y presidente de la ADUS, Herminio Balda, reconoció que el problema más serio es la falta de tierras y dio cifras que se proyectan para los cuatro años de gestión: 4.973 viviendas desde provincia -1.400 en ejecución- y 1.000 a cargo del municipio. Explicó que el bajo recupero es uno de los principales problemas que enfrentan. Desde el Concejo Deliberante, Darío Martínez (PJ) destacó el acuerdo respecto pero cuestionó el nivel de tratamiento del tema en la Legislatura.