VIEDMA (AV).- Tres sucesos investigados por la venta de medicamentos a Río Negro, involucran a la droguería Gavazza, que todavía continúa como proveedora del Estado provincial. Las operaciones oscilan entre 1,5 a 2 millones mensuales, proyectando cerca de 20 millones anuales.
Ipross retiró -recientemente- a Gavazza de su lista de proveedores al detectar la existencia de troqueles truchos en las facturas entregadas por esa droguería bahiense.
Aun así, otra parte del Estado rionegrino mantiene su relación empresarial. Salud entiende que no hay razones para suspenderla, aunque Gavazza fue la proveedora en el 2004 del Yectafer adulterado -que causó la muerte de Verónica Díaz y afectó a otras mujeres- y, además, ese ministerio denunció este año un faltante de productos oncológicos que vendió esa droguería.
El titular de la firma -Santiago Gavazza- fue inicialmente procesado por el caso Yectafer por la Justicia rionegrina, pero la investigación después fue revisada y transferida a la Justicia Federal para que siguiera con el proceso.
En ocasión del Yectafer, el Estado provincial suspendió a Gavazza del registro de proveedores pero luego se levantó esa determinación mientras continuaba la investigación penal. En esa decisión gubernamental habría sido determinante el convenio extrajudicial logrado entre la provincia, la droguería y la familia Díaz por la demanda civil planteada a partir del fallecimiento de la joven Verónica. El monto indemnizatorio habría rondado los 600.000 pesos.
Desde entonces, Gavazza retomó y consolidó sus ventas al Estado rionegrino. En mayo último, la ministra de Salud, Cristina Uría, presentó una denuncia penal por el faltante de medicamentos oncológicos en operaciones efectuadas a esa droguería.
En junio, el Ipross detectó la existencia de troqueles truchos, recientemente confirmados por el Anmat.
La obra social facturó por medicamentos de tratamientos especiales -oncológicos, HIV y artritis- cinco millones en los cinco primeros meses del 2008. Un millón mensual. El año pasado, Gavazza habría facturado a Salud por unos 7 millones. Estos datos proyectan ventas por unos 20 millones anuales.
El presidente del Ipross, Alcides Pinazo, no dudó en la exclusión de Gavazza. El expediente fue remitido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, según confirmaron ayer desde la obra social y Salud.
Lo más curioso es que Salud mantiene inalterable su relación empresarial. La primera explicación -según transmitió su asesor legal, Miguel Cruz- fue transferir la responsabilidad a la Dirección de Suministro. Su responsable, Miguel Parra recordó la exclusión y la reincorporación en decisiones superiores, argumentando un trámite judicial.
Frente a la confirmación del Anmat, la cartera de Salud -que conduce Uría- insistió en la víspera en desentenderse de cualquier acción para separar a Gavazza.
Confirmó haber recibido la totalidad de la información, pero se entendió que el pedido para excluir a esta droguería debe originarse en la petición del Ipross.
La asesoría legal transmitió ayer haber profundizado los controles en relación con Gavazza y, además, el dictado de una resolución que establece un mecanismo previo para el posterior pago de las facturas de medicamentos y prótesis.
