La semana pasada presenciamos un nuevo debate parlamentario, en el tratamiento de una ley que atañe a la salud. El marco, como resulta habitual, fue el Congreso de la Nación y la norma en boga es la que reglamenta la obesidad. Finalmente, la nueva disposición se pudo aprobar.

La ley establece un puñado de modificaciones que pueden ser positivas:

-se incorporará dentro de la currícula escolar, en todos sus niveles, un programa de educación alimentaria nutricional;

-los quioscos dentro de los establecimientos escolares deberán ofrecer alimentos saludables y variados;

-el Estado deberá tomar medidas para que los anuncios publicitarios no utilicen la extrema delgadez como símbolo de salud y belleza;

-queda prohibida la publicación o difusión en medios en comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de un médico o licenciado en nutrición.

También se contempla la inclusión de la cirugía variática al Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que podría generar una nueva suba en las cuotas de las medicinas prepagas, según lo adelantaron varios empresarios. Incluso se habla de que la implementación masiva de este tipo de intervenciones podría hacer colapsar al sistema de salud. ¿Las cirugías variáticas son una prioridad que merece una gran asignación de recursos en un escenario en el que la salud pública ya está colapsada? Prueba de esta situación es la mortalidad infantil en ascenso en casi todo el país, según lo expresado por la ministra de Salud de la Nación.

Además, la ley de obesidad puede llegar a sufrir el mismo desamparo que padecieron otras normas referentes a la salud, porque si no se asigna un presupuesto ni se reglamenta la norma, todo queda en una bonita declaración parlamentaria solamente. La obesidad enferma y afecta a millones de argentinos que no se van a curar por lo que indique una ley sin presupuesto.

En este sentido, podemos recordar la ley de Chagas que, como otras tantas, fue sancionada pero no reglamentada. Como consecuencia, ningún presupuesto fue asignado inmediatamente al cumplimiento de la ley, por lo que la transmisión y erradicación de la enfermedad en muchas provincias queda sólo a criterio de las vinchucas. Recién un año después de la sanción se "relanzó" el Programa Federal de Chagas, con una asignación presupuestaria de 45 millones de pesos.

Otro caso con ribetes diferentes pero que también viene fracasando es la promulgación de la ley nacional contra el tabaco. A esta altura lo de Argentina en la materia es un papelón internacional, ya que constituye uno de los pocos países que no adhirieron al convenio de la Organización Mundial de la Salud sobre tabaquismo.

Cada vez que se debate una ley que intenta abordar la problemática de una enfermedad específica, queda al descubierto una gran carencia: no hay una ley nacional de salud. De esta manera, se podría elaborar un PMO definitivo y planes concretos y tangibles para mejorar la salud de toda la población por igual, contemplando el financiamiento, la accesibilidad y equidad en la prestación sanitaria.

Si se continúa en este camino, de sacar una ley por cada enfermedad, mañana serán los jueces quienes mediquen a los enfermos y los médicos tendrán que transformarse en abogados para defender sus posiciones ante los magistrados. Nuevamente, debemos pensar que un ordenamiento consensuado en la elaboración de una ley nacional de salud evitaría estos problemas.

Todas las leyes que se promulgaron sobre enfermedades son, en sí, positivas y nadie en su sano juicio puede estar en contra de lo que dictaminan sus artículos. El problema es otro. Por la falta de continuidad en las políticas y sin consenso en la distribución de recursos concretos no se podrá combatir las enfermedades y cualquier ley en favor de la salud, en este contexto, es un placebo.

DANIEL CASSOLA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Médico. Periodista