ROCA (AR).- El Concejo Deliberante estableció ayer un plazo de 120 días para que un grupo de vecinos y los principales referentes del cuartel central de Bomberos Voluntarios, comiencen a evaluar un nuevo sistema de comunicación que reemplazará a la actual sirena.
De esta manera, los ediles tomaron intervención directa en el histórico reclamo de un importante número de residentes de la zona céntrica, quienes desde hace años vienen solicitando el reemplazo del actual sistema que utilizan los bomberos. Es más, en los últimos meses, lograron la adhesión de más de 400 personas, quienes a través de una nota se manifestaron en contra de la sirena y a favor de un proyecto alternativo que la pueda reemplazar, a raíz de los reiterados problemas que provoca a cualquier hora del día.
De esta manera, los concejales -en la sesión realizada ayer en el CEM 9-abrieron un proceso de negociación entre las partes ya que los damnificados tendrán ahora un plazo de 120 días para evaluar presupuestos y analizar junto a los integrantes de la comisión directiva, el sistema a implementar.
"Somos conscientes que es un ruido molesto y afecta a muchas personas cercanas al cuartel", expresó el primer jefe de bomberos, Iván Villalobos, quien aclaró que no cuentan con los medios necesarios para afrontar un gasto de tal magnitud.
Por otra parte, y según explicó el concejal Luis Di Giácomo, con esta resolución se abre una instancia de negociación entre las partes.
En ese plazo y según la resolución, los bomberos también deberán informar los casos excepcionales en los cuales se podrá utilizar el cuestionado sistema de sirenas.
Por otra parte, los ediles también acordaron que no participarán más de las reuniones que viene organizando el coordinador del Consejo de Seguridad Local, Nicolás Carreño.
"El cuerpo legislativo no participará de ninguna reunión hasta que la provincia no cumpla con la Ley 4.200, porque de lo contrario seremos cómplices del engaño", dijo Di Giácomo.
"En el marco de ese contexto de inacción gubernamental provincial, participar de reuniones declamáticas, que diluyen las responsabilidades entre todos para que en definitiva queden exculpados los funcionarios que cobran para protegernos, es hacerle el juego a la ineptitud", subraya el proyecto de ordenanza que fue aprobado por 7 votos a favor y uno en contra, el del concejal por el bloque de la Concertación, Diego Larreguy.
