El incendio en República Cromañón, la tragedia que mayor cantidad de víctimas registró en la Argentina por causas no naturales, tuvo ayer su primera audiencia del juicio oral en el que se juzgará la responsabilidad de los explotadores del local, la banda rock que tocó la noche del siniestro, dos ex jefes policiales y un grupo de funcionarios encargados de fiscalizar el lugar.
El debate oral se inició con la lectura de las acusaciones formuladas por las cuatro cabezas de querellas que representan a sobrevivientes y familiares de 194 muertos y el dictamen acusatorio realizado por el fiscal de instrucción Juan Manuel Sansone.
La diferencia de criterio al momento de elegir los delitos para imputar a los acusados dejó en evidencia la división que existe entre los familiares y también entre los músicos de la banda Callejeros, que arribaron a juicio representados con tres abogados independientes. Las cinco horas y media que duró la primera audiencia del juicio se insumió en la tediosa lectura de los cinco dictámenes acusatorios, tras lo cual el presidente del tribunal oral, Raúl Llanos, pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10, cuando se presume se invitará a los imputados a realizar su descargo.
El primer dictamen que se leyó fue el del abogado y padre de una de las victimas José Iglesias, quien imputó por el delito de "homicidio simple y cohecho activo" al ex gerenciador de Cromañón Omar Chabán, a su ex mano derecha Raúl Villarreal, a los ocho integrantes de Callejeros y al ex subcomisario Carlos Díaz, mientras al ex comisario Miguel Ángel Belay le imputó el cobro de coimas y a los ex funcionarios porteños Fabiana Fiszbin, Ana María Fernández y Gustavo Torres sólo el cargo de homicidio.
El resto de los querellantes presentó matices respecto de la elección de los delitos a imputar. Mientras el letrado Patricio Poplavsky se inclinó por el "estrago doloso seguido de muerte", los abogados Mauricio Castro y María del Carmen Verdú se caracterizaron por no acusar a los miembros de la banda Callejeros.
La última acusación leída fue la del fiscal Sansone, quien también imputó a Chabán, Villarreal y Callejeros por estrago doloso seguido de muerte y cohecho activo. A los funcionarios porteños los acusó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", al policía Díaz por "cohecho pasivo y estrago doloso" y a su colega Belay sólo por este último delito.
Entre otros puntos, el fiscal cuestionó que la noche del 30 de diciembre de 2004 ingresaron al boliche República Cromañón alrededor de tres mil personas, cuando el lugar sólo estaba habilitado para mil, y que no se realizó el control adecuado, lo que facilito la entrada de pirotecnia al lugar. Además, explicó que una vez desatado el incendio, la salida de emergencia estaba cerrada con candado y alambre, los matafuegos no estaban en condiciones de ser utilizados y el lugar estaba revestido con material inflamable que al tomar contacto con el fuego desprendió un gas letal que provocó el envenenamiento por asfixia de la mayoría de las víctimas.
En el caso de los funcionarios policiales, se los acusó de haber cobrado coimas, a razón de cien pesos cada 500 ingresantes al lugar, para evitar labrar actas de infracción. Con respecto a los ex integrantes del gobierno porteño, tanto el fiscal como las querellas los acusaron por no haber controlado el local que tenia la habilitación de bomberos vencida y no reunía los requisitos legales para su adecuado funcionamiento. (DyN)
