ISLAMABAD (DPA).- Al menos 32 personas murieron ayer en un atentado suicida que se produjo en la ciudad de Dera Ismail Khan, en el noroeste de Pakistán, mientras que el gobierno del país se precipita en su primera crisis apenas 24 horas después de la renuncia del presidente Pervez Musharraf.
Según informó el el jefe de la policía de la Provincia Frontera Noroeste, Navid Malik, además d elos muertos, otras 20 personas resultaron con heridas graves, y el total de lesionados es de por lo menos 45.
La explosión se produjo frente a la entrada de la guardia de emergencias del hospital de la ciudad, situada a unos 300 kilómetros al sur de Peshawar.
Allí se había concentrado una multitud para recibir el cadáver del líder tribal chiíta Asif Shah que había sido asesinado por hombres armados. Los policías que murieron formaban parte de un equipo que investigaba su asesinato.
El atacante suicida fue un adolescente del que ya se hallaron algunos restos, dijo el alcalde de la ciudad, Haji Abdul Rauf. Un portavoz policial que prefirió no identificarse dijo que el ataque había sido "planeado al detalle". Con la primera muerte quienes lo idearon pretendían reunir a numerosos chiítas para atacarlos después con un suicida y maximizar los daños.
La región que limita con Afganistán es considerada un baluarte de extremistas y lugar de repliegue de los combatientes talibán y terroristas de Al Qaeda que luchan en el país vecino.
El ataque ocurre mientras el país parece encaminarse a una crisis política tras la forzada dimisión el lunes del presidente Musharraf, que de este modo evitó su destitución.
Las esperadas negociaciones entre los socios de la coalición sobre el futuro político del país terminaron hoy sin resultado.
El Partido Popular de Pakistán (PPP) y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) no pudieron ponerse de acuerdo sobre la modalidad de restitución de los 60 magistrados destituidos por Musharraf el pasado otoño.
Ahora, socios de la coalición menores deberán mediar en la cuestión.
La disputa desencadenada en tono a los jueces causó la primera desilusión a los ciudadanos: la mayoría había esperado el regreso de la estabilidad política tras la salida del impopular presidente.
Ayer se dio a conocer una encuesta que indicaba que dos terceras partes de la población saludaban la decisión de Musharraf. Anteriormente el ex primer ministro Nawaz Sharif de la Liga Musulmana había insistido en que el gobierno mostraría ahora que es capaz de solucionar los problemas del país.
Sin embargo, los analistas llevan mucho tiempo advirtiendo de un optimismo exagerado. "Los paquistaníes se darán cuenta de que Musharraf no es el motivo de todos los males", comenta el sociólogo Ikram Sehgal.
Desde la victoria electoral de sus opositores en febrero, el presidente apenas tiene influencia en el transcurso político cotidiano, pero sí parte de la responsabilidad en la crisis actual, opina el experto. El gobierno apenas dio valor alguno en los últimos meses a enfrentar problemas urgentes como la mejora de la situación económica y de la seguridad en el país, afirma Sehgal. En cambio se concentró únicamente en poner en apuros a su enemigo común Musharraf.
Sin embargo, sin el enemigo común, podría volver a resurgir el conflicto político entre el PPP y el PML-N que ya asoló el país en los años '90 y que dio un motivo a Musharraf para su golpe de estado en 1999.
El devastador atentado suicida que dejó más de 20 muertos en la convulsa región noroccidental del país es otro disparo de advertencia para el gobierno.
Pero para la cúpula de la coalición del gobierno otras cosas parecen más importantes: detrás de bastidores se discutió también, además de por la cuestión de los magistrados, por quién será el sucesor de Musharraf.
El jefe del PPP Zardari ya dejó claro que el futuro jefe de Estado debe salir de las filas de su partido, pues es la mayor fracción del Parlamento. El PML-N de Sharif podría verlo de forma totalmente diferente, entre otros motivos porque el PPP ya ocupa puestos importantes de gobierno, entre ellos la jefatura del gobierno y la del Ministerio de Exteriores.
La Constitución otorga 30 días para nombrar a un nuevo jefe de Estado. Mientras tanto, el presidente de transición es el presidente del Senado, Mohammedmian Soomro.
