Según el gobernador bonaerense Daniel Scioli, el asesinato de tres empresarios jóvenes en la localidad de General Rodríguez fue un "crimen mafioso", calificativo que en el contexto actual puede considerarse un eufemismo ya que todo hace pensar que los autores eran narcotraficantes vinculados con los sanguinarios carteles colombianos y mexicanos. Aunque el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, insiste en que la Argentina es sólo un "país de tránsito" de la droga, el consumo local va en aumento, sobre todo en los barrios marginales donde causa estragos el paco, y también hay motivos para creer que se han multiplicado los laboratorios donde se ayuda a los colombianos y mexicanos a elaborar los productos que venden aquí o exportan a América del Norte y Europa.

El país se ve frente a una emergencia. A menos que las autoridades reaccionen a tiempo con el vigor y la contundencia necesarios, los carteles y los grupos locales vinculados con ellos cobrarán fuerza hasta que se reproduzca en nuestro país una situación equiparable con la existente tanto en Colombia como México, donde pocos días transcurren sin asesinatos múltiples. En México, el problema planteado por los narcotraficantes se ha hecho tan grave que el presidente Felipe Calderón ha emplazado 25.000 soldados del ejército regular para combatirlos. No obstante las palabras tranquilizadoras de funcionarios como Fernández, tarde o temprano el gobierno de nuestro país podría verse constreñido a ir a un extremo similar.

Además de vender estupefacientes provocando una multitud de tragedias personales, los narcotraficantes suelen librar batallas campales en las calles de las ciudades sin preocuparse en absoluto por la seguridad de quienes no tienen nada que ver con su negocio. También potencian la corrupción, comprando a policías, jueces y, huelga decirlo, políticos. Por cierto, el que la empresa de uno de los asesinados en General Rodríguez, Sebastián Forza, haya aportado 200.000 pesos a la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner no puede atribuirse sólo a sus eventuales preferencias ideológicas. Quienes contribuyen a las campañas presidenciales lo hacen con la esperanza de conseguir algo a cambio: contratos jugosos, influencia, una actitud benigna en el caso de que se vean en problemas con la Justicia. Si bien no hay motivos para suponer que miembros del gobierno nacional estuvieran al tanto de la relación con elementos criminales de algunos personajes que los ayudaran a mantener llenas las arcas electoralistas de Cristina, deberían haber tomado en cuenta dicha posibilidad. Por ser la Argentina un país corroído por la corrupción, para los narcotraficantes constituye un terreno de operaciones sumamente atractivo.

Aun no se ha aclarado el papel que desempeñaban los hombres asesinados luego de cuatro días de cautiverio en el mundillo oscuro y extraordinariamente brutal de los narcotraficantes, pero a juzgar por la información disponible parecería que suministraban productos químicos que se usan para preparar drogas ilegales en laboratorios clandestinos, entre ellos uno que se encontró en Escobar, en donde fueron detenidos nueve mexicanos y un argentino. Los tres empresarios "ejecutados" en General Rodríguez no serán los últimos que mueran a manos de narcotraficantes. Aquí pululan las empresas farmacéuticas de ética flexible que venden remedios adulterados, poniendo así en peligro la vida y la salud de quienes los compran, y algunas no vacilarían un solo momento en colaborar con narcotraficantes, de suerte que éstos ya cuentan con una base de operaciones. Por lo demás, luchar contra el narcotráfico en gran escala sería difícil aun cuando la Policía provincial y la federal fueran dechados de eficacia y honestidad, pero por desgracia no lo son. Lo mismo puede decirse de la administración pública, la clase política y el gobierno nacional. A causa de las deficiencias notorias del Estado nacional y de los provinciales, además de las que presentan las fuerzas de seguridad, la Argentina es tan vulnerable ante la amenaza planteada por los narcotraficantes que nadie tiene derecho a sentirse sorprendido por el desembarco desde otras partes de América Latina de bandas criminales que, por disponer de fondos casi inagotables, están en condiciones de aprovechar los muchos puntos débiles de nuestra sociedad.