NEUQUÉN (AN) - "No se justifica en nuestra provincia que se desafecten zonas cultivadas para destinarlas a urbanización. Máxime cuando cada vez es mayor la demanda de productos alimenticios y la necesidad de preservar el medio ambiente", dijo el diputado Luis Sagaseta (PJ), para fundamentar el proyecto de ley que presentó, orientado a proteger las zonas cultivadas ante el avance de los emprendimientos inmobiliarios.
Sagaseta dijo que la iniciativa surgió de visitas que realizó a las chacras de esta ciudad, Plottier y Centenario, donde los productores le plantearon la disyuntiva que enfrentan: vender las tierras con ganancias seguras o afrontar los desafíos de producir con la amenaza de no obtener buenos resultados.
"La situación en localidades del interior también está signada por el avance de las urbanizaciones en detrimento de la producción de frutas y verduras. Y es un contrasentido, porque cada vez es mayor la demanda y menos la oferta propia de estos productos", señaló.
La propuesta, que fue consensuada con otros diputados del bloque de la Concertación Neuquina, define tres niveles de áreas: la urbano-rural, la semi rural y la rural.
Las urbano rural son aquellas que están total o parcialmente destinadas a la actividad productiva y no superan los 1.000 m2; las semi rural, con hasta 1.500 m2; y las rurales, de más de 2.500 m2.
El proyecto contempla que las zonas rurales sólo podrán ser desafectadas de la producción agraria por ordenanza de los Concejos Deliberantes, votadas por los 2/3 de sus miembros.
En el caso de que se decida autorizar el uso para urbanizaciones, ya sean planes habitacionales, loteos o clubes privados, se fija un impuesto cuya recaudación será destinada al fomento de la producción. Se hará a través de alícuotas que se fijarán sobre el valor de la transacción autorizada.
Según el área será el valor de la alícuota. Para las áreas urbano rural, el 10%; las semi rural, el 20%; y la rurales, el 30%.
"En realidad lo que se propone es que sean los municipios los que determinen las características de las áreas y para ello también se sugiere el aporte de los colegios de arquitectos, ingenieros, agrimensores", dijo Sagaseta.
Añadió que "en definitiva, lo que se busca es que cada gobierno local planifique con la debida anticipación su desarrollo urbanístico, previendo precisamente la preservación del medio ambiente y la protección de áreas que están en producción desde hace decenas de años".
Sagaseta indicó que el impulso de estas políticas debe partir de los organismos públicos, pero es imprescindible el compromiso de las organizaciones profesionales y comunitarias. Destacó que "en la actual coyuntura los valores de la tierra actúan en detrimento de la producción agropecuaria -desde la familiar a la encarada con niveles industriales-, que está vecina a las ciudades. Porque la decisión entre la producción y la venta la mayoría de las veces se vuelca a esta última".
