Buena parte de los municipios neuquinos anda de bolsillos flacos. En algunos casos, esa anemia es producto de desatinos propios. Como en esas comunas donde casi nadie paga las tasas, casi nadie sale a cobrar, a casi nadie le importa y casi todos se quejan.
También hay intendencias confundidas, porque ya olvidaron cómo se administra un presupuesto con inflación.
Otro dato es que ha cambiado la relación con el estado provincial: antes había siempre una chequera a mano, tanto para apagar incendios como para calmar a los potenciales incendiarios, en particular si eran amigos. Hoy se pagan las consecuencias.
Finalmente, hay municipios que se desenvuelven con razonabilidad, a pesar de las limitaciones de estos tiempos. Pero unos y otros terminan en el mismo embudo: el 15 por ciento de la distribución coparticipable con la provincia, que incluye la recaudación neuquina, la coparticipación federal y las regalías. Las promesas por revisar esa ley convenio vienen desde hace años, sin éxito.
La intendenta Sapag urgió días atrás a ocuparse del asunto. Llamó la atención sobre un aspecto que, a su juicio, consagra inequidades: los municipios turísticos -como San Martín de los Andes- deben prestar servicios a una masa fluctuante de población -los turistas- que no es reconocida en los parámetros de distribución de los recursos. San Martín, por caso, triplica su población residente a lo largo de un año.
Pero la intendenta sanmartinense no es la única que hace distingos entre municipios. Sus colegas de las ciudades petroleras acaban de reclamar que los recursos extraordinarios que se obtengan por las ya polémicas prórrogas de los contratos por hidrocarburos, se coparticipen a todas las comunas pero con una mayor proporción destinada a las localidades productoras.
Como fuere, parece obvio que una primera oleada del debate por la coparticipación pondrá sobre la mesa el reclamo de cada uno, en un revoltijo del que podrían sacar mejor partido aquellos con más influencia y capacidad de maniobra, sin importar demasiado la justicia de sus planteos.
Tal vez, los intendentes y la provincia deberían dejar ya de velar sus armas discursivas, con la no tan secreta intención de ver quién saca mejor tajada.
En cambio, podrían concentrarse en el rediseño de un nuevo índice más aséptico (el actual fue un intento de antaño, que se quedó en el camino).
Dicho de otro modo, el debate podría centrarse en los parámetros que debería recoger el índice de distribución, asignando puntaje a convenir a cada uno de ellos, sin poner la vista en el municipio del que se trate sino en la variable consensuada.
Así, a partir de un piso común a todos, se podrían asignar valores por población y población fluctuante, metas fiscales, proporción de aportes a la recaudación provincial, contribución a la generación de riqueza provincial, evolución relativa de la infraestructura, etc...
Luego, provincia y municipios se obligarían a la ponderación anual e interanual de esas variables, y cada municipio recibiría su coparticipación según el puntaje obtenido.
De ese modo, un municipio podría iniciar el año con una participación en la torta de los recursos y acabarlo con otra, conforme su evolución y la inclusión de premios y castigos predefinidos.
Puede que suene algo engorroso, pero tal vez sería más justo que una despiadada pelea por puntos.
FERNANDO BRAVO
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