SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Luego de analizar una "muestra" de 20 contrataciones de publicidad que realizó el gobierno anterior, el Tribunal de Contralor del municipio comprobó el faltante de información indispensable para librar los pagos.
También surgió de la indagación que al menos cinco de las operaciones fueron realizadas con proveedores o medios de prensa que "no registran impuestos activos" o aparecen con "baja de oficio" en la AFIP-DGI.
Esas irregularidades dan cuenta de que la Dirección de Prensa pactaba las contrataciones de publicidad sin cumplir con las normativas municipales que rigen para el resto de las áreas y que Contaduría emitía las órdenes de pago sin tener constancia de los servicios prestados.
En una nota dirigida el último viernes al intendente Marcelo Cascón, el tribunal enumera los casos investigados y señala que "no constan en la mayoría de las resoluciones los medios de prensa contratados y en los legajos de pago no figuran las pautas publicitarias donde se especifique el detalle de la publicación o difusión, elemento que se considera esencial para determinar el costo por palabra y/o minuto contratado, como así también el tiempo de publicación o difusión".
También refiere que "algunos proveedores" (y menciona seis resoluciones) no tienen en regla su situación con la DGI.
El Tribunal de Contralor sólo solicita al intendente que "regularice la situación a la brevedad" y con anterioridad ya había recomendado dotar en adelante de mayor "transparencia" las contrataciones de publicidad. Pero a pesar de las omisiones detectadas, que pudieron propiciar un malgasto de dinero público, el organismo que integran Oscar Cannizzaro, Nora García y Edith Garro no parece dispuesto a determinar responsabilidades e imponer sanciones.
La nota dice que en ese acto el tribunal "concluye su intervención relacionada con el tema". Sin embargo Cannizzaro dijo luego que la investigación sigue abierta y faltaría, por ejemplo, que Contaduría explique "por qué no rechazó las facturas" si carecía de información suficiente para librar los pagos.
Observó no obstante que "por usos y costumbres" las contrataciones en Prensa nunca emplearon herramientas como la licitación y el concurso de precios, al tiempo que disfrutaron de una laxitud de controles que es impensable en otras áreas del municipio. Cannizzaro consideró que una revisión a fondo "debería incluir todo lo ocurrido desde 1983 hasta hoy".
El período investigado por el tribunal, a pedido del gobierno municipal, comprendió los primeros cinco meses de este año, cuando el área de Prensa estaba a cargo de Francisco Poppe y sus superiores jerárquicos eran el secretario de Gobierno, Adolfo Fourés, y el intendente a cargo, Darío Barriga.
Cannizzaro insistió en que el municipio cambie de aquí en más el régimen de contratación de publicidad. "Eso nos va a dar a nosotros y a los medios la tranquilidad de que existe un trato igualitario", aseguró.
