VIEDMA (AV).- Desde este martes todas las miradas se posarán sobre el Ministerio de Gobierno que conduce José Luis Rodríguez. Las denuncias realizadas por la defensora del Pueblo Ana Piccinini, se habían dirigido fundamentalmente hacia el Ministerio de la Familia y su titular Alfredo Pega, pero la semana próxima la cartera señalada será la de Rodríguez, que a pesar del fuerte cruce que a principios de este año Piccinini protagonizó con el jefe policial Víctor Cufré -quien depende de la cartera de Gobierno- no había sido objeto aún de los dardos directos de la defensora.

Rodríguez recibió ayer una nota de la ex secretaria de Trabajo, ex legisladora y ex diputada nacional, en la que le pide que en su carácter de responsable de la Secretaría de Trabajo ordene en forma inmediata la ejecución por vía de apremio de la multa que le fuera impuesta a la empresa Flavors y Cía SA el 28 de enero pasado, que -dijo la defensora- "quedó firme".

"Si impone la igualdad de trato. Es por ello que del mismo modo que se hace con el resto de los empleadores y empresas infractoras e incumplidoras, solicito se proceda sin más dilaciones ni contemplaciones a la ejecución de la multa impuesta que asciende a 80.640 pesos", afirmó Piccinini.

Intimó además a Rodríguez a que en caso de no ejecutar la multa procederá a realizar la denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Se calcula que en caso de que la multa se ejecute por vía de apremio, la empresa deberá caer inmediatamente de la lista de proveedores del Estado, lo que la inhabilitaría para continuar en carrera en procura de adjudicarse la próxima licitación, postergada hasta el 25 de septiembre, para renovar la provisión de alimentos preelaborados al Estado provincial por los próximos dos años, por un monto de casi 150 millones de pesos.

La multa se le impuso a Flavors y Cia por irregularidades en la contratación del personal bajo la modalidad de cooperativas. Esta misma firma fue beneficiada desde enero de este año con una nueva exención impositiva por parte del Estado rionegrino. La renovación de la desgravación al 100 por ciento de los impuestos sobre los ingresos brutos y sellos implica un costo para el Estado de más de 1,8 millones de pesos anuales que Flavors -y las UTE conformadas con Masily para proveer de alimentos a la Provincia- no pagará. El 23 de junio último, por expediente 71/08, la Cámara Laboral rechazó la apelación de la empresa elaboradora de alimentos, presentada luego de que por una acción del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), la Secretaría de Trabajo realizara inspecciones a la planta de Conesa donde verificaron las denuncias.