La fecha del 3 de noviembre de 1995 quedó trágicamente marcada en la memoria de los habitantes de la ciudad cordobesa de Río Tercero. Ese día se produjo una gigantesca explosión en la Fábrica Militar ubicada en la ciudad, provocando la muerte de siete personas y heridas a más de 250 sufrieron heridas.

La voladura de un depósito de la planta a partir del incendio de un tambor de trotyl dejó en ruinas a los barrios cercanos y generó un caos entre los habitantes, que huyeron de sus casas dejando todas sus pertenencias con la única preocupación de salvar su integridad física y la de sus seres queridos. A día siguiente, el entonces presidente Carlos Menem, en compañía del gobernador cordobés Ramón Mestre, arribó en el Tango 01 a la ciudad y confirmó que se trataba de un "accidente". "Ustedes tienen la obligación de difundir estas palabras. Descarten absolutamente que esto haya sido un atentado", advirtió.

Luego comenzó un largo derrotero de la causa judicial que, durante doce años, analizó el caso como un simple accidente. Sin embargo, cerca de la etapa del primer juicio se llegó a una conclusión bien diferente.

En el 2003, un peritaje oficial reveló que las explosiones del 3 de noviembre de 1995 fueron cuidadosamente organizadas, con características de atentado. "Si algo puede afirmarse categóricamente, sin incurrir en dogmatismo alguno, es que nada de lo acontecido en la Fábrica Militar de Río Tercero el 3 de noviembre de 1995 puede atribuirse a accidente, descuido o casualidad", advirtió luego la Cámara Federal de Río Cuarto.

Y señaló que había elementos para sospechar que la voladura de la fábrica haya servido para cubrir la desaparición de ingentes cantidades de municiones militares, principalmente de morteros, que habrían sido destinadas a redes internacionales de tráfico de materiales bélicos.

La causa entonces se ligó entonces con la investigación judicial del tráfico ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador ocurrido entre 1991 y 1995, bajo el amparo de tres decretos emitidos por el gobierno de Menem, que será sometido a juicio oral y público por esta causa.