Sábado 16 de Agosto de 2008 Edicion impresa pag. 02 y 03 > Nacionales
Procesaron a Carlos Menem por el fatal estallido en Río Tercero
El juez cree que dio la orden de volar la fábrica para ocultar otro delito. Ordenó un embargo por $200.000. Falta de mérito para Balza.

CÓRDOBA (DyN) - El ex presidente y actual senador Carlos Menem fue procesado sin prisión preventiva por la Justicia cordobesa, que entendió que dio la orden para hacer volar la fábrica militar de Río Tercero, con el fin de ocultar la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

En tanto, el ex jefe del Ejército y actual embajador en Colombia, Martín Balza, recibió una falta de mérito, porque la Justicia entendió que no había suficientes pruebas para responsabilizarlo.

La medida fue dispuesta ayer por el juez federal de Río Cuarto Oscar Valentinuzzi, al resolver el procesamiento de Menem por el delito de "estrago doloso agravado por muerte de personas" y el embargo sobre sus bienes por 200 mil pesos.

La tragedia de Río Tercero, que sacudió al país el 3 de noviembre de 1995, dejó siete víctimas fatales, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

Aunque el entonces Presidente aseguró que había sido un accidente, una pericia determinó que el estallido había sido intencional. Para la Fiscalía y para el juez Valentinuzzi, la hipótesis principal es que la explosión de la planta militar fue deliberada, con el objetivo de tapar los faltantes del armamento que se habría vendido ilegalmente a Croacia y Ecuador.

Junto a Menem fueron procesados el director de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa en 1995, Jorge Baeza González; al ex subinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Norberto Osvaldo Emanuel, y otros cinco militares.

"La orden se impartió desde el vértice, la dio el imputado Menem y bajó rápidamente al Ministerio de Defensa, vía el Asesor en Asuntos Militares (...), y del mismo modo a la rígida formación militar a quienes ocuparan cargos en la misma y FM, cuyos miembros se debían al poder político del presidente, comandante de las fuerzas armadas del país", dice el fallo.

Valentinuzzi afirmó que "la responsabilidad de Carlos Saúl Menem puede apreciase con fuerza, dado los suficientes elementos convictivos receptados en la instrucción, razón por la cual dispongo su procesamiento como coautor del delito de estrago doloso agravado por muerte de persona".

Fuentes judiciales especula n con una rápida confirmación de este fallo en la Cámara Federal de Río Cuarto, con vistas a que Menem y los otros imputados puedan sumarse al banquillo del juicio oral junto a otros cinco militares de la planta que ya están procesados: Carlos Cornejo Torino, Marcelo Gatto, Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Nicolás Quiroga.

Ayer el juez estableció en su resolución que Menem habría dado la orden directamente al Ministerio de Defensa, sin que pasara por Balza. Y en ese sentido Balza recibió una falta de mérito junto a los militares retirados Raúl Julio Gómez Sabaini, Antolín Mosquera, Jorge Ezcurra y Máximo Groba, medida con la que se mejora su situación procesal pero que no implica que hayan dejado de ser investigados.

Según el juez, "si bien es cierto que la relación comercial entre el Ejército y la DGFM existía, no se comprobó que hubiera sido más que ello, una relación comercial, y que el Ejército, es decir los mandos del Ejército, no tenían injerencia en las decisiones que se adoptaran en la órbita de la Dirección general de Fabricaciones Militares".

En 2003 un peritaje oficial reveló que las explosiones del 3 de noviembre de 1995 fueron cuidadosamente organizadas y que los siete muertos y centenares de heridos fueron víctimas de un atentado. Fue así que el primer juez que había estado a cargo de la causa, Luis Martínez, se apartó y se asignó un abogado laboralista, Diego Estévez, que dictó los sobreseimientos de los imputados, en un fallo que citaba un sitio de Internet que usan los estudiantes. Apartado Estévez, la Cámara Federal anuló las resoluciones en 2006 y designó al juez Valentinuzzi, quien apoyó la línea del entonces fiscal Carlos Stornelli y la querellante Ana Gritti, que afirma que los autores del atentado quisieron borrar pruebas del contrabando de armas del Ejército a Ecuador y Croacia.

Use la opción de su browser para imprimir o haga clic aquí