Obligadas por las circunstancias a administrar con más cuidado sus recursos económicos puesto que el gobierno nacional parece resuelto a castigarlas, las autoridades municipales de la ciudad de Córdoba decidieron hace poco borrar de la lista de los beneficiados por el programa alimentario "Vale lo Nuestro" a 15.000 personas que, según los datos disponibles, no tienen necesidad alguna de depender de la ayuda pública para comer. Lejos de ser indigentes los así perjudicados, muchos -incluyendo a un individuo que, se informa, cobra una jubilación de privilegio de 19.780 pesos mensuales- disfrutan de un pasar envidiable, pero parecería que ciertos sujetos están tan acostumbrados a aprovechar toda oportunidad para apropiarse del dinero aportado por los contribuyentes, que ni siquiera desdeñan los magros 40 pesos que les suponía el plan social cordobés.

Si Córdoba fuera una ciudad notoria por la ineficacia extrema de sus autoridades, podríamos tomar este caso por un ejemplo insólito de la llamada viveza criolla que no podría darse en el resto del país, pero sucede que no hay motivos para creer que se trate de una situación única. Por el contrario, toda vez que los funcionarios correspondientes de otras jurisdicciones se sienten constreñidos a depurar las listas de quienes reciben beneficios "de emergencia", se descubre una multitud de anomalías de este tipo, de suerte que no sorprendería que lo mismo ocurriera en virtualmente todos los municipios del país. Además de las personas relativamente pudientes que figuran en la nómina de necesitados sin que las autoridades hayan sabido o querido detectarlas, hay organizaciones que se las ingenian para conseguir centenares, acaso miles, de beneficios que les aportan sumas que sirven ya para enriquecerse o ya para financiar sus actividades políticas. Que esto suceda no es ningún secreto: virtualmente todos entienden que el clientelismo funciona así.

La razón principal por la que la Argentina no cuenta con una administración pública capaz de cumplir con un mínimo de eficiencia las tareas que son rutinarias en los países desarrollados consiste en que una así reduciría drásticamente las oportunidades para los corruptos. Si bien en todas partes hay ladrones, escasean entre los funcionarios públicos de sociedades bien manejadas, porque les es difícil burlarse de los sistemas de control que se han establecido para defender los intereses del conjunto. Aquí, en cambio, las estructuras burocráticas son tan defectuosas que toda vez que la crisis económica de turno pone en peligro la supervivencia de sectores a veces muy amplios, los gobiernos nacional y provinciales creen no tener más alternativa que la de pedirles a sindicatos, organizaciones piqueteras y agrupaciones políticas encargarse del reparto de beneficios sociales. De más está decir que los corruptos siempre son los más beneficiados por la desprolijidad institucionalizada, de ahí la negativa de buena parte de la clase política a permitir una reforma auténtica de la administración pública.

Los más perjudicados por el sistema así supuesto -mejor dicho, por la falta de sistema- son aquellos que realmente necesitan ayuda. Los parásitos que medran a costa del Estado no sólo los privan de dinero, sino que también los humillan incorporando a muchos a redes clientelistas que los obligan a asistir a manifestaciones políticas para hacer número, contribuyendo de este modo a los espectáculos penosos brindados por dirigentes, entre ellos el ex presidente Néstor Kirchner, que suponen que la capacidad para movilizar a través de sindicalistas e intendentes afines a miles de personas constituye una parte esencial del arte de gobernar. Resulta innecesario decir que quienes defienden el statu quo acusan a los indignados por escándalos como el que acaba de producirse en Córdoba de querer eliminar por completo los planes sociales. No es así. Lo que hay que eliminar es una tradición miserable cuyos representantes están más interesados en hacer de la pobreza ajena una fuente de poder político y económico que en reducirla y por lo tanto se resisten, por todos los medios, a permitir que la ayuda social sea manejada por instituciones públicas despolitizadas en las que los funcionarios antepongan las necesidades de quienes menos tienen, a sus propias aspiraciones personales.