VIEDMA y ROCA (AV).- Sólo los chacareros que tengan a su cargo cinco hectáreas o menos, podrían salvarse del remate de sus propiedades cuando sigan figurando como deudores morosos en los consorcios de riego. Ese recurso está siendo analizado al más alto nivel para buscar una solución a este sector cuya cantidad debe ser perfectamente definida.
La Comisión Legislativa de Recursos Hídricos, los consorcios y la entidad Mujeres en Lucha; son los responsables de blanquear esta situación que también perjudica a los regantes frente a los altos costos que deben afrontar.
La discusión se concretó en la sede del Consorcio de Riego de General Roca con la participación del titular de esa comisión legislativa, Adrián Torres, el representante de los consorcistas Eduardo Artero y Norma Durante por Mujeres en Lucha.
El intercambio de opiniones se desarrolló por más de dos horas, oportunidad en que el responsable de los entes de servicio expresó ciertas objeciones a un proyecto de ley que pretende regularizar la morosidad transfiriendo las deudas al Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Los cuestionamientos estuvieron relacionados con el temor de que en el régimen de beneficios sean incluidos aquellos que pudiendo pagar siguen especulando.
Las coincidencias llegaron tiempo después acordándose tomar en cuenta a los más rezagados y que tengan propiedades como único sustento la agricultura familiar.
Si bien la comisión propuso seguir adelante e impulsar su aprobación legislativa en primera vuelta, se coincidió en que tras esa instancia se abrirá un canal de diálogo con todos los sectores para perfeccionar el mecanismo con el mayor consenso posible.
Torres admitió ante "Río Negro" los reparos planteados por los consorcistas, aunque insistió que resulta necesario establecer ciertas reglas para aquellos que están muy al margen del circuito productivo.
Pronosticó que el texto normativo podría ser avalado en el recinto hacia fin de mes, y continuar evaluando los alcances con todos los actores del sector, hasta llegar a coincidencias definitivas.
"Los consorcios expresaron una posición muy dura porque no reconocen la situación y ellos estiman que se arregla rematando chacras, pero a veces nos encontramos con que hay deudas por 7.000 pesos y los abogados terminan cobrando honorarios por 8.000 por encima de la deuda real"; denunció Durante.
Al insistir en la defensa de los pequeños productores, reconoció que la reunión "fue buena" a la vez que se mostró esperanzada en que la Ley "salga lo mejor posible para que se atiendan aquellos casos más dificultosos imponiéndose el concepto de agricultura familiar".
La propuesta oficial tiene como fin brindar solución definitiva para las deudas por canon de riego y drenaje vencidas al 31 de diciembre de 2006.
El texto original sufriría modificaciones a medida que avancen las negociaciones ya que en su redacción se contemplaba que los beneficiarios no deberían superar las 10 hectáreas para la zona del Alto Valle o 30 para los demás sistemas de riego y drenaje.
