NEUQUÉN (AN/ACE).- La integrante de la APDH, Noemí Labrune, y el ex juez federal, Rodolfo Rivarola, estarán entre los primeros que iniciarán la extensa ronda de testimoniales prevista para el juicio contra los militares acusados de delitos de lesa humanidad por su actuación en el Alto Valle durante la dictadura.

El Tribunal Oral Federal no había respondido hasta ayer al planteo de la APDH y del Ceprodh para que el juicio se inicie en la sala cultural Conrado Villegas, en tanto en la sede del tribunal se trabajaba arduamente en el armado del mobiliario para la apertura.

El juicio comenzará el 20 a las 9 con la lectura de los cargos en contra de los ocho militares acusados de asociación ilícita, torturas y secuestros contra 17 víctimas, una de las cuales permanece desaparecida.

La acusación y el descargo de los imputados se extenderá hasta el viernes, en tanto a partir del 25 se prevé el inicio de los testimonios, que superan el centenar.

Los primeros citados serán las personas que darán a conocer su experiencia sobre los sucesos ocurridos a partir del golpe de estado de marzo de 1976, y los aportes relacionados a la causa, que en este tramo, se centró en la investigación de quienes padecieron tormentos y vejámenes en el centro clandestino que funcionó en tierras linderas al batallón neuquino.

Los primeros testimonios incluídos por los jueces son el de Labrune, el del juez que instruyó la causa en 1987 -Rivarola-, el del cura Rubén Capitaneo, el de la especialista en derecho militar Mirta Mántaras, y el de la víctima de centros clandestinos de detención en La Plata y Gran Buenos Aires, Adriana Calvo.

Por otra parte, el Sindicato de Prensa de Neuquén dio a conocer ayer que "de mantenerse las restricciones que impuso el Tribunal Oral Federal de Neuquén al trabajo de la prensa" no estará garantizado "el derecho a la libertad de información. En un escrito firmado por la secretaria general, Analía Freund, se planteó que el derecho a la libertad de información, incluye el acceso de los medios de comunicación a las actuaciones judiciales públicas, como este juicio. "Es nuestro deber advertir a la comunidad que, por la elección de un lugar inadecuado, por su reducido tamaño, se nos limitan las posibilidades de trabajo y también que no está garantizado técnicamente que se puedan trasmitir en directo las incidencias que ya autorizó el tribunal", se indicó.