Como siempre sucede cuando se difunde la sensación de que un gobierno antes "hegemónico" se ve en apuros, gobernantes provinciales, intendentes y líderes sindicales creen que ha llegado la hora para ponerse a aprovechar la debilidad oficial. En las semanas últimas se han multiplicado los reclamos sectoriales. De ellos muchos, sobre todo los formulados por aquellos gobernadores que están pidiendo un esquema de coparticipación menos caprichoso que el vigente, son claramente necesarios puesto que los Kirchner lo manejan como si el dinero aportado por los contribuyentes formara parte de su propio patrimonio y por lo tanto tuvieran derecho a repartirlo según criterios netamente políticos, premiando a sus amigos y castigando a sus adversarios. Otros reclamos, entre ellos la mayoría de los planteados por los sindicalistas, pueden ser legítimos ya que es natural que los afiliados quieran remuneraciones menos exiguas que las actuales, pero si todos resultaran exitosos las consecuencias económicas para el país, en especial para la mitad de la población que vive en pobreza, serían negativas porque servirían para alimentar la inflación que ya ha alcanzado el 30% anual.

Es éste el caso en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Daniel Scioli acaba de enfrentar el primer paro docente de su gestión. Los gremialistas exigen un aumento salarial de aproximadamente el 20% por encima del 22% que consiguieron en marzo pasado, pero el gobierno bonaerense insiste en que no cuenta con el dinero para pagarlo. También están pidiendo subas salariales parecidas los estatales y los médicos, mientras que en todo el país los transportistas reclaman aumentos del 30%. No serán los únicos: como hemos aprendido en muchas ocasiones del pasado, la combinación de inflación fuera de control con un gobierno nacional en problemas no puede sino dar lugar a conflictos de todo tipo en un clima de crispación creciente. Y como si la incipiente ofensiva sindical no fuera suficiente, en muchas zonas del país los productores rurales "autoconvocados", hartos de la negativa oficial a prestarles atención, siguen en pie de guerra.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no parece entender que mucho ha cambiado desde que se inició el largo y sumamente costoso enfrentamiento con el campo que provocó. Espera que en las provincias castigadas por la supuesta deslealtad de sus dirigentes, los perjudicados por la falta de fondos culpen a los gobernantes locales por sus penurias, pero aun cuando se organicen protestas como las que causaron tantos estragos en Córdoba, la mayoría da por descontado que en última instancia se deben al gobierno nacional. Es una consecuencia lógica del "hiperpresidencialismo": cuando todo parece andar bien, el primer mandatario se ve beneficiado, pero en cuanto los problemas comienzan a multiplicarse, su popularidad puede esfumarse en un lapso llamativamente breve. Incluso en el conurbano bonaerense, el distrito más kirchnerista del país, se ha desplomado el índice de aprobación tanto de la presidenta como de su marido: a menos que se recupere, lo que requeriría que la inflación se frenara de golpe, Cristina tendrá que enfrentar los más de tres años que le quedan de su gestión sin más capital político que el supuesto por la voluntad generalizada de que el país no experimente otra crisis institucional de desenlace incierto. Siempre y cuando la presidenta logre "relanzar" una gestión que hasta ahora ha sido desafortunada, para decirlo de la forma más suave posible, el deseo tanto de la ciudadanía en su conjunto como de la mayoría de los políticos de que termine bien su período en el poder podría resultar suficiente como para permitirle hacerlo, pero algunos intentos de ser más amable aparte, no parece dispuesta a modificar su "rumbo", de ahí la negativa a reconocer que la tasa de inflación es más alta que la supuestamente registrada por el INDEC. Tanta terquedad no la ayuda. Antes bien, sólo sirve para confirmar la impresión ya difundida de que, además de ser muy ineficaz, el gobierno ha perdido contacto con la realidad y en consecuencia ni siquiera intenta solucionar la multitud de problemas que amenazan con hacer de la segunda mitad de la gestión kirchnerista un auténtico desastre.