ROCA (AR).- Con un crítico dictamen que deja al descubierto "errores groseros" en la causa por la cual se investigó el abuso de menores en esta ciudad, el auditor del Poder Judicial, Gustavo Martínez, concluyó el informe que permitirá avanzar en el expediente por el cual se intenta determinar el desempeño que tuvo en este resonado caso el juez Pablo Iribarren y los fiscales Miguel Fernández Jahde y Edgardo Rodríguez Trejo.
La investigación surgió a partir de la denuncia presentada al Consejo de la Magistratura por el legislador Pedro Pesatti (PJ), luego de conocerse los informes periodísticos que anunciaban la postergación del juicio que se debía llevar adelante en febrero de este año contra André Reguera y Alberto Fasanella, quienes se encuentran imputados en la causa por abuso de menores.
Es que todo el proceso tuvo que regresar nuevamente a su etapa de instrucción, luego de que el propio fiscal de la Cámara Segunda -el doctor Edgardo Rodríguez Trejo- detectó una serie de errores técnicos en la requisitoria de elevación a juicio. Para el auditor general efectivamente existieron una serie de irregularidades que quedaron al descubierto en el estudio del expediente.
"Se requiere (a los imputados) por hechos que no fueron incluidos en el auto de procesamiento y por otra parte se omite requerir la elevación a juicio o solicitar el previo sosbreseimiento respecto de otros que integraron el auto de procesamiento", dice el informe con respecto a la tarea del giscal Fernández Jahde.
Con respecto a Rodríguez Trejo, le cuestiona la extemporaneidad del planteo y la falta de una adecuada intervención en oportunidad del emplazamiento a juicio. Es que para Martínez, las "irregularidades" detectadas resultan "muy groseras" como para que hubiesen pasado inadvertidas en una ligera lectura del expediente por lo que también critica que no lo haya leído con el tiempo necesario. "No hubo lectura del expediente y si la hubo, ésta no fue hecha con la debida dedicación, incurriéndose en mal desempeño", dice el informe.
Contra Iribarren
Para Martínez, todavía más grave resulta una serie de delitos que fueron surgiendo en la investigación policial por los cuales no se indagó ni tampoco se llevó a nadie a juicio. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta la denuncia de una de las menores, quien aseguró que se contagió de HIV después de mantener contacto con uno de los imputados. "Sin embargo esto no fue objeto de investigación siendo que se trataría de un hecho criminal muy grave", sostiene el informe al cual tuvo acceso este diario.
Y sostiene que esta situación debió haber sido investigada por el juez Pablo Iribarren (el Código Penal establece penas de 3 a 15 años a quien propague una enfermedad infecciosa). "Recién se estaría realizando en la actualidad por lo que se advierte asimismo por esta razón una causa del mal desempeño", dice el trabajo elevado al Consejo de la Magistratura, donde se señala que tampoco se giraron las actuaciones a la Justicia Federal para iniciar una causa por la tenencia y suministro de estupefacientes, tal como denunciaron las menores.
El trabajo realizado por el auditor ya fue elevado al Consejo de la Magistratura que ahora deberá evaluar el desempeño que tuvieron los funcionarios en esta causa.
