Durante varios meses, el secretario de Comercio Guillermo Moreno ha sido blanco de un bombardeo incesante. Quieren demolerlo no sólo los dirigentes opositores sino también, si bien disparan desde ángulos distintos, industriales y sindicalistas que dicen simpatizar con el gobierno, además del mismísimo jefe de Gabinete, Sergio Massa. Con todo, aunque es innegable que por su personalidad y por su forma truculenta de operar Moreno ha causado mucho daño a los gobiernos del ya ex presidente Néstor Kirchner primero y después de su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a esta altura nadie ignora que su eventual defenestración asestaría un golpe muy duro a la autoridad de quienes han invertido tanto en defenderlo. Por lo demás, echar a Moreno no necesariamente ayudaría a solucionar el problema inmenso ocasionado por la manipulación sistemática de las estadísticas, comenzando con las relacionadas con la inflación. Luego de más de un año y medio de estadísticas falsas, se han hecho tan graves las distorsiones que cualquier intento por corregirlas podría tener consecuencias traumáticas.

Según el INDEC, en julio los precios minoristas aumentaron el 0,4%, llevando la tasa de inflación en los siete meses iniciales del año al 5%, la que podría considerarse elevada conforme a las pautas del Primer Mundo pero que dadas las circunstancias no sería tan mala. Por desgracia, nadie toma en serio los guarismos oficiales. A juicio de economistas privados -y también de los industriales y sindicalistas- en julio el aumento fue superior al 2% y en lo que va del año ha acumulado como mínimo el 14%, razón por la que se proyecta una tasa anual cercana al 30%. Se ha creado, pues, una situación a un tiempo absurda y peligrosa. Al comprometerse con Moreno y por lo tanto con el INDEC intervenido, el gobierno se ha alejado del resto del país, pero para reencontrarse con él tendría que admitir que a partir de comienzos del año pasado ha tratado de engañar a todos difundiendo información claramente falsa. Es factible que, de haberlo confesado hace un año cuando el entonces presidente Néstor Kirchner aún disfrutaba de un nivel muy alto de popularidad, habría podido salirse con la suya atribuyendo el desaguisado a Moreno, pero en la actualidad el índice de aprobación de la conducta del ex presidente y de su sucesora está por los suelos. Como un mentiroso compulsivo, el gobierno no parece tener más alternativa que la de aferrarse a un relato que los demás juzgan increíble por suponer que sincerarse le resultaría aún más costoso que lo que sería negarse a reconocer la verdad.

Así las cosas, la Argentina se parece a un vehículo manejado por un conductor con los ojos vendados que se resiste a frenar o a modificar el rumbo. En todos los países, luchar contra la inflación es una tarea difícil y políticamente ingrata, pero en el nuestro incluso decidir intentarlo sería tomado tanto por la oposición como por el gobierno mismo por una derrota contundente de la presidenta y su consorte. Estamos aproximándonos, pues, a una situación en que resultará forzoso elegir entre la estabilidad institucional por un lado y, por el otro, la restauración de cierta estabilidad económica, porque un gobierno que actúa como si realmente creyera que la tasa anual de inflación es inferior al 10% no podrá tomar las medidas necesarias para frenar una del 30% o más. Cuando Néstor Kirchner optó por manipular las estadísticas confeccionadas por el INDEC, se tendió una trampa en la que no tardó en caer. Por desgracia, las víctimas de aquel error grotesco incluirán no sólo al ex presidente y su colaborador más notorio sino también a la mayoría de los demás argentinos, que tendrán que pagar un precio alto por lo que hizo. Al rehusarse a reconocer que la inflación constituye un problema sumamente grave y que en consecuencia siempre hay que atacarla toda vez que asome, el ex presidente dejó activada una bomba de tiempo que tarde o temprano estallaría y provocaría estragos que, además de depauperar todavía más a millones de personas ya muy pobres y perjudicar la economía en su conjunto, también significaría el fin, a su entender prematuro, de su propio "proyecto" político.