NEUQUÉN (AN).- Si, como todo indica, la semana que viene el gobierno envía a la Legislatura el primer acuerdo de prórroga de las concesiones petroleras de una empresa, las de YPF, comenzarán en la Cámara varios debates: la oportunidad de la extensión en sí misma, la legalidad de la decisión, la construcción de mayorías, las condiciones económicas, técnicas y medioambientales, y la distribución de los recursos que se obtengan. De todos modos, ya se sabe que los diputados que rechazan esta política oficial son apenas un puñado.

En la Legislatura el oficialismo ya demostró que tiene los votos suficientes para alcanzar la mayoría en cualquier discusión, pero de las condiciones que pone la Concertación la primera es la necesidad de que la convalidación obtenga los dos tercios de los votos en el recinto.

Las certezas son que rechazarán el proyecto oficial Rodolfo Canini (Une), Soledad Martínez (del Frente Grande) y Paula Sánchez (Libres del Sur); las dos conforman el bloque de Alternativa, que está quebrado por otros motivos porque el peronista Hugo Gonçalves se manifestó a favor de las prórrogas.

El proyecto arrancará con 32 de los 35 diputados dispuestos a acompañar la extensión de los contratos petroleros, aunque con condiciones. El gobernador Jorge Sapag y el secretario de Medio Ambiente de la provincia, Guillermo Coco, dieron indicios sobre cómo serán los trámites pero hay incógnitas: por caso: ¿los acuerdos con cada petrolera se enviarán a la Legislatura firmados para su ratificación o podrán ser modificados en la Cámara? El gobierno da los últimos pasos con YPF, negocia con los brasileños de Petrobras y está a punto de comenzar a hablar con los franceses de Total.

Sapag pretendía seis puntos más de regalías y el cobro en efectivo de una suma de aproximadamente 1.000 millones de dólares; en las negociaciones con las petroleras grandes esos números se redujeron a la mitad; hay que ver con las medianas y las pequeñas.

Las empresas esperan el resultado de estas negociaciones y, por las dudas, bajan su ritmo de trabajo (ver aparte).

El MPN tiene 15 diputados, pero con los tres bloques unipersonales de sus aliados llega a la mayoría de 18; la Concertación cuenta con un bloque del 13 integrantes (7 de la UCR y 6 del PJ).

Canini, Martínez y Sánchez sostiene que la Constitución prohíbe lo que el gobernador quiere hacer y afirman, con matices, que es preciso quitarles las concesiones a las empresas y dejar la explotación en manos del Estado.

La principal bancada opositora ya le comunicó a Sapag cuáles son sus condiciones: la convalidación debe salir por dos tercios de los votos (24), deben obtenerse recursos extras, es preciso exigir inversiones para reponer reservas perdidas, hay que incluir más exigencias medioambientales, dar empleo y contratar a neuquinos, y garantizar que los fondos obtenidos se vuelquen a obras de transformación económica y a los municipios en forma de coparticipación.