Se ha comprado tiempo. No es poco, pero se equivoca quien piense que el conflicto mapuche por tierras de cerro Chapelco, quedó saldado con esa maratónica negociación del lunes, encabezada por el lonco Epulef, el ministro Tobares, y la intendenta Sapag.
El corte de rutas al centro de esquí, que provocó hastío en turistas y vecinos pero a la vez precipitó las conversaciones, ha sido otro eslabón en un larga cadena de sin sentidos, que podrían repetirse en breve.
Como se ha dicho, los Curruhuinca no aceptan el acuerdo que firmaron con el gobierno sus pares y vecinos, los Vera, por el lote 69 A, que abarca la base de Chapelco. No quieren quedarse sólo con una franja lindante, que les reconoce la provincia, y quieren la copropiedad de un único territorio.
Argumentan derechos ancestrales y una variante histórica de cierta lógica: los Vera, dicen, son un desprendimiento de la comunidad Curruhuinca, asentada desde antes de los decretos de principios del siglo pasado, que reconocieron la ocupación en esos parajes.
Pues bien, hasta aquí, esa pátina ancestral ha servido de poco a los Curruhuinca, porque los Vera venían acumulando antecedentes desde hace una década y, con ellos, convencieron a la provincia de que eran los propietarios de las mejores tierras de Chapelco. Los Curruhuinca se acordaron un poco tarde de hacer esos mismos deberes.
Como fuere, los cortes de ruta se levantaron con un curioso movimiento, a propuesta del gobierno: la comunidad Curruhuinca recurrirá a una instancia administrativa provincial, con la presentación de un recurso y el tiempo necesario para reunir nueva documentación que avale sus demandas.
La actitud de los Curruhuinca parece extraña: se someterán al arbitrio del propio gobierno del que desconfían, y al que han venido fustigando por "apresurado", al cerrar el arreglo con los Vera sin escuchar -han dicho- otras razones.
Pero hay algo más. Los Curruhuinca descreen de la Justicia, que sería el ámbito adecuado para resolver esta larga disputa. Epulef dijo a este cronista que nunca darán ese primer paso, si pueden evitarlo.
Pero las comunidades mapuches en general y la Curruhuinca en particular, cada vez que pueden, hacen explícita referencia en sus pronunciamientos a los derechos que les asisten por imperio de las constituciones nacional y provincial, leyes y convenios internacionales que son, entre otros asuntos y testimonios, el plexo que un juez tendría en cuenta para resolver sus demandas.
Desde hace un tiempo a esta parte y por diversos tópicos, es abrumadora la cantidad de fallos que involucran a comunidades mapuches con la consideración favorable de sus intereses. Entonces, por qué temerle a un juez. ¿O será que no se quiere la vergüenza de poner en manos de la justicia, lo que en verdad es una disputa doméstica entre comunidades?
Con todo, sería bueno que los mapuches vayan ejercitándose, porque las perspectivas del "recurso administrativo" son más bien sombrías: si da la razón a los Curruhuinca, es probable que los Vera inicien acciones. Y si da la razón a los Vera, los Curruhuinca no tendrían otros caminos que seguir de protesta, someter el diferendo a la justicia o reunir de una vez a las propias comunidades en conflicto, para buscar consensos allí donde hoy hay discordia.
