Es de esperar que se cumpla la promesa del nuevo titular de la Dirección General Impositiva, Rubén Toninelli, de continuar impulsando todas las investigaciones que están en marcha, incluyendo la que involucra a empresas de Santa Cruz que están vinculadas con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ya que hay motivos para pensar que estamos frente a un nuevo escándalo equiparable con el protagonizado por la constructora sueca Skanska. Según funcionarios de la DGI que por motivos comprensibles prefieren el anonimato y, desde luego, distintos voceros opositores, el antecesor de Toninelli, Horacio Castagnola, tuvo que mudarse a otro cargo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque mostraba un celo excesivo al intentar promover denuncias penales por evasión fraudulenta formuladas contra la empresa Gotti, de relaciones estrechas con el matrimonio gobernante. Sucede que Castagnola no es el primer funcionario que ha sido apartado de esta causa y otras parecidas. También lo fueron el encargado de la oficina de la DGI en Comodoro Rivadavia y su jefe inmediato, lo que ha dado pie a la sospecha de que el gobierno está reemplazando sistemáticamente a funcionarios que toman en serio su trabajo por otros que, supone, entienden mejor el valor de la lealtad.

En opinión del presidente del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, el gobierno se ha propuesto darle a la AFIP el mismo trato que ya ha sufrido el INDEC, transformándola de una entidad relativamente autónoma y por lo tanto creíble a una mera dependencia del Poder Ejecutivo que se guía por criterios netamente políticos, cuando no personales. Al fin y al cabo, no cabe duda de que el gobierno nacional siempre ha estado dispuesto a poner las instituciones nacionales al servicio de su "proyecto" kirchnerista. Entre otras cosas, dicho "proyecto" prevé el surgimiento, con la ayuda del Estado, de una "burguesía nacional" conformada por empresarios que presuntamente se sienten comprometidos con las ambiciones políticas de los santacruceños. De más está decir que el esquema que tienen en mente es inherentemente corrupto, por ser cuestión de nada más que el "capitalismo de los amigos" que es típico de países como el nuestro en que los políticos están habituados a aprovechar su poder para beneficiar a empresarios determinados, los que retribuyen los favores recibidos aportando a las cajas partidarias y, en ocasiones, actuando como testaferros para asegurar que una vez fuera del gobierno sus socios no tengan dificultades económicas.

Como tantos otros gobiernos, el kirchnerista se las ha arreglado para granjearse el dudoso honor de ser considerado uno de los más corruptos de la historia nacional. Conforme a entidades respetadas como Transparencia Internacional, en la Argentina el nivel de corrupción sigue siendo tan elevado como en países notorios por la venalidad de sus dirigentes políticos como Venezuela y Paraguay, de suerte que sorprendería que los escándalos más célebres que se han producido hasta ahora -los asociados con los fondos migratorios de Santa Cruz, la bolsa llena de dinero de procedencia incierta que se halló en el baño de la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, y aquella valija atiborrada de dólares supuestamente destinados a la campaña electoral de Cristina que llegó de Venezuela- no resulten ser sólo una pequeña muestra de lo que ha comenzado a partir de mayo del 2003. De ser así, podrían estallar muchos escándalos más en los meses próximos. Al difundirse la sensación de que el gobierno kirchnerista, debilitado por la derrota que le propinó el campo y por la deserción de una proporción creciente de gobernadores y legisladores peronistas, está batiéndose en retirada, serán cada vez más tanto las denuncias como los funcionarios que estén dispuestos a arriesgarse colaborando con los esfuerzos por aclararlas. Por cierto, el que la situación imperante en la AFIP haya motivado polémica justo ahora, cuando no es ningún secreto que los Kirchner están contra las cuerdas, hace pensar que, tal y como sucedió cuando otros gobiernos se encontraban en apuros, las defensas erigidas por el Poder Ejecutivo no resultarán suficientes como para impedir que por fin la Justicia comience a actuar con más eficiencia y más vigor de lo que ha sido el caso hasta ahora.