La realidad a veces mueve los hilos de un modo caprichoso y forma figuras que resultan reveladoras a simple vista.

Sobre todo cuando la madeja tiene muchas hebras... En esos casos basta con mirar con atención.

En Río Negro, en los últimos días los sucesos han conectado varias cuestiones que ponen en evidencia características uniformes en una notable cantidad de contrataciones públicas.

En ellas resulta fácil advertir que, en varios ámbitos, se mantienen relaciones contractuales con un grupo reducido de empresas durante largos años con sucesivos contratos, sean éstos realizados de manera directa o por licitación.

Lo más llamativo es que esa continuidad no parece vinculada con la decisión de premiar un buen servicio sino que -en ocasiones- convive con reiterados incumplimientos, escasa solvencia financiera, quejas de calidad de los técnicos o de los usuarios, sobrecostos o fallas en la entrega del material o el servicio contratados.

¿Por qué, entonces, persistir en lo conocido?

No es la primera vez que la provisión de alimentos preelaborados, que desde hace años está a cargo de la firma Masily SA y sus vinculadas, queda en el foco de las miradas.

En estos días, la defensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunció ante la Justicia penal de Viedma presuntas fallas que podrían poner en riesgo la salud de los consumidores y presentó un video tomado por ex empleados de la planta que Flavors posee en Conesa, donde elabora los productos que vende con Masily al Ministerio rionegrino de Familia.

El allanamiento dispuesto por el juez un día después dejó ver todo limpio y en condiciones.

Pero es claro que nada podía esperarse de esa medida: el mismo día que la defensora presentó la denuncia, el gerente de la planta dijo a periodistas de este diario que sabía de esas imágenes y esperaba una acción de la Justicia.

Más allá del futuro de esta causa en especial, la memoria registra que:

" En 1998, la Secretaría de Acción Social de la provincia -a cargo del hoy legislador Daniel Sartor- concentró todas las compras de alimentos, incluso las que antes licitaba Educación para comedores escolares.

" Desde entonces, fue invariable la presencia de Masily como proveedora. Antes desde plantas de Mendoza y de San Luis y, desde hace un año, desde Conesa.

" En 1998, si bien se contrató por dos años, se incluyó una cláusula de prórroga que hizo los períodos de cuatro años.

" En abril del 2001 se incautaron más de 300 kilos de leche azucarada provista por Masily en Regina y Godoy y un análisis de la facultad de Ingeniería de la UNC confirmó que contenían excremento de ratas. Funcionarios de la secretaría que conducía Sartor acompañaron a empresarios en las reuniones para calmar a los padres y la firma regaló una cocina nueva a la escuela.

" En el 2002 sólo Masily se presentó a la licitación.

" En el 2005, y a pedido de Unter, otro análisis imparcial concluyó que la bebida azucarada que se servía en las escuelas tenía baja proporción de calcio y proteínas en relación con la leche entera en polvo.

" En el 2006 Masily volvió a ser la única oferente para la provisión de alimentos, por 40,4 millones de pesos. Pese a que las quejas de docentes y usuarios no habían cesado, fue contratada.

" La provincia de Río Negro eximió del pago de Impuestos Brutos y de Sellos a Flavors y Cía. SA por dos años consecutivos, generando para la firma un ahorro de casi 4 millones de pesos.

" Se acaba de convocar a dos nuevas licitaciones que suman algo más de 147 millones de pesos.

En los primeros años, el representante en Río Negro de la firma fue el roquense Daniel Fernández, que antes había contratado con el Estado en nombre de Rocafé. Fernández era allegado al entonces secretario contratante.

Cuando Sartor fue designado ministro de Desarrollo Social de De la Rúa, en octubre del 2001, su amigo Alejandro Betelú asumió en su lugar, en una cartera que creció al incorporar el área de Salud.

¿Qué hay de malo en la amistad?, podría decirse. ¡Nada!

Pero el Estado debe garantizar transparencia en materia de contrataciones. Y no queda claro que lo haga cuando licita con métodos que limitan la libre competencia, y que se traducen en la prolongada relación con contratistas foráneos de dudosa solvencia y servicio poco eficiente.

Es probable que la defensora Piccinini haya cometido una torpeza al afirmar que "se dice que Sartor es uno de los dueños" de la firma alimenticia. Siendo una sociedad anónima, tipo empresarial que se caracteriza por la libre transferencia de acciones, no le será fácil probarlo, aun cuando razones de interés público autorizan a la Justicia a correr el velo societario para ver quién está detrás de una firma.

Pero, en todo caso, no se requiere probar si algún funcionario es dueño de una contratista privada. Bastaría probar que actúa como si lo fuera. Y eso sucede cuando se actúa en beneficio del interés de la empresa y no en el de los ciudadanos, que son los "accionistas" del Estado.

Dudas similares surgen respecto de la droguería Gavazza, de Bahía Blanca, que pese a varias objeciones sigue proveyendo medicamentos al Ipross y a Salud Pública por montos millonarios:

" En el 2004, Gavazza proveyó el Yectafer adulterado que se le inyectó a varias embarazadas y que provocó la muerte de Verónica Díaz y serios problemas a otras jóvenes mujeres.

" Fue suspendida en forma provisoria pero volvió a transformarse en proveedora.

" En la causa penal por el faltante de medicamentos oncológicos en Salud Pública todavía se busca establecer si no se trató de una entrega incompleta por parte de la droguería.

" Ahora vuelve a ser investigada por la detección de troqueles adulterados en medicamentos provistos a pacientes de Ipross.

En este caso, nadie alude a amigos representantes ni amigos ministros. Pero llama la atención que Gavazza siga favorecida por un Estado que no califica a sus proveedores o carece de memoria.

Otra incógnita está referida a que el Estado tolere las críticas a la mala calidad de las prótesis que se proveen a pacientes de Ipross y de Salud Pública.

" Algunos médicos se niegan a colocarlas a sus pacientes, que deben optar por seguir padeciendo su dolencia o comprar una mejor con sus propios recursos.

" En ocasiones, la prolongada demora obligó a personas con penosas quebraduras a permanecer inmóviles uno o dos meses hasta que la cirugía se hizo posible.

Por seguridad jurídica o vicios administrativos, el tema compras es complejo y críptico para el común de la gente. Más transparente, en cambio, fue el presunto sobreprecio en la vereda de la vivienda oficial que habita el ministro Verani.

Unas y otras hablan de procedimientos que deberían ser corregidos y de órganos de control abúlicos o indiferentes.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar